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Abinader devuelve con observaciones la ley que autoriza pagar deudas antiguas a contratistas

El Ejecutivo advierte riesgos fiscales y pide límites claros; la pieza regresa a la Cámara de Diputados para una nueva decisión.

El presidente Luis Abinader observó y devolvió al Congreso la ley que autoriza, por una sola vez, el reconocimiento y pago de deudas por obras ejecutadas sin contrato formal desde 1996. En su comunicación, el mandatario advierte que la pieza ordena desembolsos sin fijar montos, sin identificar fuentes de financiamiento y sin asegurar que las obligaciones sean “ciertas, líquidas y exigibles”, lo que podría comprometer la sostenibilidad fiscal. 

El proyecto había sido declarado de urgencia y aprobado en dos lecturas por el Senado el 10 de enero, y luego por la Cámara de Diputados el 12 de enero. La iniciativa, presentada por el senador Franklin Romero, busca saldar compromisos con pequeños contratistas, supervisores, asfalteros y trabajos de mantenimiento escolar. Estimaciones citadas en el debate legislativo sitúan el pasivo en más de RD$2,000 millones. 

Con la observación presidencial, la pieza vuelve a los diputados, que deberán decidir si acogen o rechazan las observaciones. De aceptarse, la ley se ajusta y continúa el trámite; si se rechazan, el Congreso puede insistir conforme a los procedimientos constitucionales. 

La propuesta abarca deudas vinculadas a obras ejecutadas por múltiples entidades públicas (MOPC, MINERD, INDRHI, INAPA, CPADP, JCE, CAASD, entre otras). El objetivo original era regularizar trabajos ya recibidos y en funcionamiento; la Presidencia, no obstante, plantea acotar el alcance, verificar casos y asegurar cobertura presupuestaria antes de convertir esos pasivos en deuda pública interna. 

Qué sigue

  • Diputados conocen las observaciones y las remiten al Senado si las acogen.
  • De requerirse, se precisarán montos, fuentes y criterios de verificación antes de ejecutar pagos.  

Claves

  • Proyecto aprobado 10 y 12 de enero (Senado/Diputados).
  • Pasivo estimado: > RD$2,000 millones.
  • Observaciones: límites, verificación y sostenibilidad fiscal.  
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