El Ministerio Público ha negociado con decenas de imputados para obtener condenas, recuperar bienes y acelerar procesos que antes podían durar más de una década
Santo Domingo. La lucha contra la corrupción en República Dominicana está cambiando de estrategia.
En lugar de llevar a todos los acusados hasta el final de un juicio, el Ministerio Público ha optado por negociar con una parte importante de los imputados en los principales expedientes de corrupción administrativa abiertos desde 2020. (Diario Libre)
La fórmula consiste en acuerdos de colaboración, admisión de culpabilidad o procedimientos abreviados mediante los cuales los acusados aceptan los hechos, reciben penas reducidas y, en algunos casos, devuelven bienes o aportan información para fortalecer las investigaciones contra otros implicados. (Diario Libre)
El caso más representativo es Medusa, donde 29 de los 64 imputados alcanzaron acuerdos con el Ministerio Público antes del juicio de fondo.
La misma estrategia también se aplicó en procesos como Antipulpo, Coral y Operación 13, permitiendo obtener condenas sin necesidad de celebrar un juicio completo para todos los involucrados. (Diario Libre)
Según el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, esa política ha permitido conseguir 95 condenas en cuatro de los principales casos de corrupción procesados durante la actual gestión. (Diario Libre)
Los acuerdos tienen una ventaja evidente.
Reducen la duración de procesos que, debido a la cantidad de imputados, pruebas y recursos judiciales, pueden extenderse durante años y consumir enormes recursos del sistema de justicia.
Pero también generan cuestionamientos.
Algunos juristas consideran que negociar con una parte importante de los acusados puede transmitir la percepción de que quienes participan en redes de corrupción terminan obteniendo beneficios penales a cambio de admitir responsabilidad.
Otros sostienen que se trata de una herramienta indispensable para desmantelar estructuras complejas, recuperar activos públicos y concentrar los esfuerzos judiciales en los principales responsables.
La legislación dominicana permite este tipo de acuerdos siempre que sean homologados por un juez y respeten las garantías del debido proceso.
Su utilización, sin embargo, se ha vuelto mucho más frecuente en los últimos años y ya marca un cambio en la forma en que el Ministerio Público enfrenta los grandes expedientes de corrupción. (Diario Libre)
La apuesta institucional parece clara.
Menos procesos interminables.
Más acuerdos.
Y la expectativa de obtener condenas en menos tiempo, aunque el debate sobre si eso fortalece o debilita la percepción de justicia apenas comienza.
