Estados Unidos sanciona por primera vez al TPI como institución y amenaza con extender las medidas a empresas y particulares que colaboren con el organismo.
WASHINGTON. La administración de Donald Trump impuso sanciones económicas contra el Tribunal Penal Internacional como institución, profundizando una confrontación que hasta ahora había estado dirigida principalmente contra jueces y fiscales individuales.
Las medidas buscan aislar al tribunal del sistema financiero estadounidense y restringir las transacciones de empresas, instituciones y particulares que contribuyan a su funcionamiento.
Washington concedió un período de seis meses antes de la plena entrada en vigor de las restricciones.
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la decisión alegando que Estados Unidos no aceptará que el TPI pueda investigar o procesar a ciudadanos estadounidenses sin consentimiento de Washington.
Estados Unidos no pertenece al tribunal.
Rubio también reclamó a los aliados estadounidenses que forman parte del TPI que presionen para limitar sus actuaciones y advirtió que, de lo contrario, Washington continuará su campaña para desmantelar la institución.
La decisión representa un salto respecto a las medidas adoptadas anteriormente por la administración Trump.
Estados Unidos ya había sancionado a 13 jueces y fiscales vinculados al tribunal.
Ahora el objetivo es la propia institución.
El TPI fue creado en 2002 mediante el Estatuto de Roma y tiene jurisdicción para investigar genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes de agresión cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren actuar.
Cuenta actualmente con 125 Estados miembros.
Entre sus investigaciones y órdenes de arresto figuran casos relacionados con Ucrania, Gaza, Sudán, Venezuela, Myanmar y Filipinas.
Una de las principales causas del enfrentamiento con Washington ha sido la orden de arresto emitida contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con la guerra en Gaza.
Estados Unidos rechaza esa actuación y sostiene que el tribunal está excediendo sus competencias.
El TPI respondió que las nuevas sanciones constituyen un intento de obstaculizar la justicia y amenazan directamente su capacidad operativa.
La institución pidió a sus Estados miembros garantizar que pueda continuar funcionando, especialmente ante posibles problemas con bancos, proveedores, sistemas de pagos y organizaciones que colaboran con sus investigaciones.
El Fondo Fiduciario para las Víctimas del tribunal también advirtió que las restricciones podrían afectar programas destinados a personas que han sufrido asesinatos, tortura, violencia sexual, persecución y otros crímenes.
La Unión Europea expresó preocupación y anunció que trabajará con el tribunal para preservar su funcionamiento.
Las sanciones fueron anunciadas pocas horas después de que la jurista sudafricana Navi Pillay, antigua jueza del TPI, recibiera el Premio Nobel de la Paz 2026 por su trayectoria en defensa del derecho internacional.
No existe evidencia de que ambos acontecimientos estén directamente relacionados.
El enfrentamiento, sin embargo, acaba de alcanzar otra dimensión.
Washington ya no sanciona solamente a quienes trabajan en el Tribunal Penal Internacional.
Ahora sanciona al tribunal mismo.
