Dos creadores digitales enfrentan penas de ocho y diez años después de publicar videos críticos con el sistema político cubano. Organizaciones de derechos humanos denuncian el uso de leyes penales para castigar el disenso en internet.
LA HABANA. Criticar públicamente al Gobierno cubano a través de las redes sociales puede terminar en una condena de hasta diez años de prisión.
Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas, creadores del proyecto digital El4tico, permanecen detenidos desde febrero de 2026 después de publicar videos críticos con las autoridades y el sistema político de la isla.
Ambos producían sus contenidos desde una habitación de una vivienda en Holguín y habían acumulado más de 140,000 seguidores.
La Fiscalía cubana solicita ocho años de prisión para Medina y diez para Zayas.
Entre los delitos que les atribuye figuran propaganda contra el orden constitucional, difamación de instituciones y organizaciones y, en el caso de Zayas, instigación a delinquir.
Las autoridades sostienen que parte del contenido publicado pretendía promover un cambio del sistema socialista y aseguran que los acusados recibieron financiamiento desde el exterior.
Hasta ahora no se ha identificado públicamente a los supuestos financiadores.
Entre las principales evidencias presentadas aparecen los propios videos publicados en redes sociales, testimonios de funcionarios y registros de las actividades digitales de ambos acusados.
El caso vuelve a colocar bajo atención internacional las restricciones a la libertad de expresión en Cuba.
El Código Penal aprobado en 2022 contempla penas que pueden alcanzar los diez años para determinadas actividades consideradas contrarias al Estado y al orden constitucional.
Además, el Decreto Ley 35 regula el uso de las telecomunicaciones y permite sancionar contenidos digitales considerados perjudiciales para la seguridad o el orden público.
Organizaciones internacionales de derechos humanos sostienen que la amplitud de esas normas permite utilizarlas contra expresiones políticas pacíficas.
Human Rights Watch ha documentado durante años detenciones, interrogatorios, multas y condenas contra activistas, periodistas independientes y ciudadanos que publican críticas al Gobierno.
En abril de 2026, la organización estimó que más de 700 presos políticos continuaban encarcelados en Cuba.
Entre los casos recientes figura el artista Leonard Richard González Alfonso, condenado en marzo a siete años de prisión por propaganda contra el orden constitucional después de escribir en una pared un mensaje crítico con las autoridades.
También permanecen encarceladas numerosas personas vinculadas a las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores manifestaciones antigubernamentales registradas en Cuba en décadas.
El Gobierno cubano sostiene que no existen presos políticos en el país y afirma que las personas encarceladas han sido procesadas por violaciones concretas de la legislación penal.
Organizaciones internacionales y familiares de los detenidos rechazan esa interpretación y denuncian que delitos formulados de manera amplia permiten criminalizar actividades que en otros países formarían parte del debate político.
Internet transformó profundamente el espacio público cubano.
Por primera vez, ciudadanos sin acceso a los medios estatales pueden grabar, publicar y distribuir opiniones capaces de llegar a cientos de miles de personas dentro y fuera de la isla.
También transformó la forma de controlar el disenso.
La discusión política ya no ocurre solamente en las calles.
Ahora puede empezar en una habitación, frente a una cámara y un teléfono.
Y terminar en un tribunal.
