La presidenta encargada anuncia una renovación del sistema electoral, reformas judiciales y nuevas medidas económicas. Su propuesta busca conducir la transición desde el propio chavismo, mientras la oposición reclama garantías y un calendario definido.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el país celebrará nuevas elecciones bajo una autoridad electoral renovada, aunque evitó establecer cuándo se convocarán los comicios. El anuncio se produce en medio de las presiones para acelerar la transición política tras la captura de Nicolás Maduro en enero.
Durante un discurso transmitido por radio y televisión, Rodríguez defendió su capacidad para dirigir las transformaciones institucionales y sostuvo que su experiencia dentro del Estado le permite conocer los mecanismos necesarios para ejecutar las reformas.
La mandataria prometió un organismo electoral reconocido por las distintas fuerzas políticas, garantías para la participación ciudadana y supervisión internacional. Sin embargo, no presentó un cronograma ni explicó cómo se seleccionarán las nuevas autoridades.
El anuncio coincidió con el regreso a la actividad pública de María Corina Machado, quien ofreció su primera rueda de prensa en Venezuela después de regresar del exilio. La oposición exige elecciones presidenciales en 2027 y condiciones que permitan una competencia política sin restricciones.
Rodríguez también presentó un balance de las medidas adoptadas durante su administración. Según afirmó, cerca de 9,000 personas se han beneficiado de una amnistía política y fueron levantados los bloqueos de aproximadamente 200 portales de internet.
Además, reconoció que la legislación contra el odio había sido utilizada de manera abusiva y defendió modificaciones destinadas a proteger la libertad de expresión. También prometió impedir detenciones policiales sin autorización judicial.
En el ámbito económico, anunció cuatro aumentos salariales para 2027, la devolución de propiedades anteriormente expropiadas y la venta de activos estatales considerados no esenciales. Estas medidas acompañan una política orientada a recuperar inversiones privadas y fortalecer las relaciones económicas internacionales.
La mandataria introdujo además cambios en su gabinete, con el nombramiento de Oliver Blanco como canciller. El funcionario, vinculado anteriormente a sectores opositores, sustituye a Félix Plasencia y representa una nueva incorporación al Gobierno procedente de fuera del chavismo tradicional.
El discurso refleja un cambio en las prioridades públicas de la administración venezolana, que ahora coloca la reconciliación, las garantías jurídicas y la recuperación económica entre sus principales objetivos.
No obstante, el anuncio electoral deja pendientes cuestiones fundamentales: cuándo votarán los venezolanos, quién garantizará la independencia de las instituciones y qué mecanismos permitirán comprobar el cumplimiento de las reformas.
Por ahora, el Gobierno presenta una ruta de transformación institucional, mientras la oposición insiste en que la transición debe concretarse mediante elecciones con reglas verificables y participación de todas las fuerzas políticas.
