El despliegue de miles de militares, la vigilancia fronteriza y los controles migratorios representan gastos permanentes para el Estado dominicano. El Gobierno enfrenta estas obligaciones mientras busca sostener la inversión pública y contener su déficit fiscal.
La crisis de seguridad en Haití no solamente representa una preocupación para República Dominicana. También exige recursos económicos que el Estado debe destinar a proteger su territorio, mantener los controles migratorios y prevenir las consecuencias de la expansión de las organizaciones criminales.
El deterioro de las condiciones en el país vecino ha convertido la vigilancia fronteriza en una operación permanente, con miles de efectivos, vehículos militares, equipos tecnológicos y nuevas infraestructuras de seguridad.
El Gobierno dominicano mantiene alrededor de 11,000 militares desplegados en la frontera. A finales de octubre, el presidente Luis Abinader anunció el envío de dos batallones adicionales, acompañados de equipos pesados y artillería, ante la intensificación de los enfrentamientos en Haití.
Este despliegue implica gastos de personal, alimentación, combustible, transporte, mantenimiento y tecnología. A ello se suman las operaciones de la Dirección General de Migración y las inversiones necesarias para fortalecer los controles territoriales.
El presupuesto de 2026 contempla RD$12,958 millones para 251 proyectos de inversión pública en las provincias fronterizas. Sin embargo, esa cantidad no corresponde exclusivamente a seguridad ni puede considerarse una estimación del costo de la crisis haitiana, pues incluye iniciativas de desarrollo y otras obras.
La presión se produce en un contexto fiscal exigente. Según los registros de la Dirección General de Presupuesto, hasta finales de septiembre el Gobierno central había acumulado ingresos por RD$987,068 millones, frente a gastos superiores a RD$1.17 billones.
La diferencia refleja las restricciones presupuestarias generales que enfrenta el Estado, aunque no puede atribuirse directamente a la situación de Haití.
El impacto tampoco se limita a los recursos militares. La inestabilidad haitiana condiciona el comercio bilateral, la actividad económica fronteriza y la planificación de servicios públicos, especialmente en las comunidades donde existe mayor movilidad migratoria.
Abinader ha reiterado que la solución a la crisis haitiana corresponde a la comunidad internacional y que República Dominicana no puede asumirla por cuenta propia.
El Gobierno también mantiene cooperación logística con las fuerzas internacionales que operan en Haití, sin participar directamente en sus intervenciones militares.
Pese a los esfuerzos diplomáticos, la persistencia de las pandillas obliga al país a sostener medidas de seguridad cuyo costo podría prolongarse mientras no se restablezca la autoridad del Estado haitiano.
La dimensión económica del problema plantea una necesidad adicional: determinar y transparentar cuánto destina efectivamente República Dominicana a enfrentar las consecuencias de la crisis, para distinguir esos gastos de las inversiones ordinarias en seguridad, infraestructura y desarrollo fronterizo.
