El Senado de la República incluyó en agenda y comenzó a conocer el proyecto de modificación del Código Procesal Penal (CPP), con el objetivo declarado de actualizar procedimientos, reducir dilaciones y fortalecer garantías para víctimas y acusados. La iniciativa fue enviada a estudio para la elaboración de un informe con recomendaciones y un calendario de vistas públicas.
Entre los ejes que concentran el debate legislativo figuran:
- Medidas de coerción y prisión preventiva: criterios más estrictos para su imposición y revisión periódica obligatoria.
- Plazos procesales: límites claros para investigación, acusación y etapa intermedia, con sanciones por incumplimiento.
- Salidas alternas y criterios de oportunidad: reglas de aplicación y controles para evitar impunidad.
- Protección de víctimas y testigos: ampliación de medidas cautelares, notificación efectiva y acceso a información del proceso.
- Prueba y cadena de custodia: estandarización de protocolos, evidencia digital y trazabilidad.
- Digitalización y audiencias virtuales: uso de medios tecnológicos para notificaciones y actuaciones, preservando el derecho de defensa.
La comisión que estudiará el proyecto deberá recibir opiniones del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Pública, Colegios de Abogados, academia y organizaciones de la sociedad civil, con la meta de entregar un informe al pleno en el menor plazo posible.
Desde el Senado se ha insistido en tres principios para la reforma: celeridad, seguridad jurídica y equilibrio entre la persecución penal y los derechos fundamentales. El avance del proyecto será clave para atacar cuellos de botella del sistema, ordenar mejores prácticas en investigación y juicio, y elevar la confianza ciudadana en la justicia penal.
Próximos pasos: convocatoria de vistas públicas, recepción de propuestas técnicas y presentación del informe para su eventual primera lectura. Si se aprueba, el expediente pasará a la Cámara de Diputados para completar el trámite constitucional.
