La nueva Ley 98-25 de Residuos Sólidos busca atacar el histórico problema de la basura sin golpear al aparato productivo. Fija prohibiciones y plazos: en 12 meses queda vetada la comercialización de pajillas, tenedores, cuchillos y cucharas plásticas sin certificación de biodegradabilidad; también se prohíbe la importación de productos de foam sin esa certificación y la entrega gratuita de fundas de un solo uso en comercios. Los productores de fundas y botellas deberán sumarse en un año a un esquema de responsabilidad extendida. Las alcaldías tendrán 36 meses para implementar separación en la fuente y recolección selectiva. Hay excepciones para insumos médicos y usos en construcción.
El plan apunta a 2040: reducir 87% los residuos mal gestionados, bajar los plásticos que llegan a ríos y mares de 244,000 t (2022) a 18,000 t, subir el reciclaje de 23,000 a 136,000 t y elevar la circularidad del plástico de 6% a 53%.
La ley incorpora una contribución anual graduada para empresas (de RD$3,000 a RD$650,000, deducible e indexada al IPC) y ordena una red acotada de plantas de valorización por región. El sector del plástico alega riesgo de impacto, recordando su peso: 48,080 empleos, RD$12,403 millones en recaudación por importaciones (2024) y US$258 millones en exportaciones.
