El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó este lunes el juicio preliminar contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) y otros implicados en la presunta red de corrupción administrativa y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Camaleón.
La audiencia fue reenviada para el 15 de diciembre, luego de que el tribunal declarara en rebeldía a la empresa Industria Soltex Dominicana, recientemente incorporada al expediente presentado por el Ministerio Público.
Entre los coimputados figuran exfuncionarios del Intrant:
- Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico
- Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología
- Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras
- Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero
- Carlos José Peguero Vargas, además de Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
También están acusadas varias personas jurídicas: Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Según el Ministerio Público, la investigación reveló diversas líneas delictivas, que incluyen corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.
El órgano acusador sostiene que, a través de contratos irregulares con Dekolor, PagoRD Xchange y Transcore Latam, se otorgó acceso privilegiado a estas empresas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado, vulnerando principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
El Ministerio Público señala como eje del entramado al empresario José Ángel Gómez Canaán, a quien atribuye vínculos societarios y operativos con varias de las compañías imputadas, presuntamente usadas para estafar al Estado y controlar infraestructuras tecnológicas estratégicas.
