La Cámara de Diputados aprobó este martes 16 de diciembre el proyecto de ley orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regula el Sistema Nacional de Inteligencia, pieza que busca dotar al Estado de un marco moderno para enfrentar terrorismo, narcotráfico, ciberdelitos, lavado de activos y otras amenazas. La votación se produjo entre cuestionamientos de sectores opositores y gremios por el alcance de las facultades del organismo.
La iniciativa sustituye a la derogada Ley 1-24, anulada por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2024 por vicios de forma y dudas sobre su impacto en derechos fundamentales. El nuevo texto surge del proceso de concertación posterior al fallo y procura corregir los puntos más polémicos.
Entre los cambios incorporados durante el trámite legislativo destacan garantías específicas para periodistas y medios: se prohíbe aplicar “procedimientos especiales de obtención de información” a periodistas para forzar la revelación de fuentes y se exige orden judicial para acceder a datos protegidos. Estas salvaguardas fueron trabajadas con organizaciones del sector.
El proyecto había sido aprobado previamente en el Senado y, con la sanción de los diputados, queda listo para los pasos reglamentarios de cierre: si la Cámara Baja introdujo modificaciones, la pieza deberá volver al Senado; de lo contrario, pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La discusión en torno a la DNI se ha movido entre dos ejes: por un lado, la necesidad de coordinación e inteligencia frente al crimen organizado y las amenazas híbridas; por otro, la protección de libertades como la privacidad y la libertad de prensa. El texto aprobado intenta equilibrar ambos intereses tras el revés constitucional de 2024.
