La independencia del Ministerio Público no se demuestra con ruedas de prensa, sino con procedimientos que resisten el reloj y el recurso. Si hay un mérito del actual gobierno es haber entendido que el mejor apoyo a la justicia es quitarse de la foto y dejarla trabajar. En el caso SeNaSa, el Poder Ejecutivo remitió un informe y se apartó; ahora el expediente le pertenece a los fiscales y a los jueces. Así debe ser.
Pero la autonomía no se mide por declaraciones, sino por resultados verificables: casos que llegan a juicio, condenas que sobreviven en apelación y activos que efectivamente regresan al Estado. Menos épica, más cadena de custodia. Menos adjetivos, más cronogramas cumplidos. Un país serio no “celebra allanamientos”, publica sentencias.
También importa la coherencia. Si la ley alcanza a aliados y adversarios por igual, gana el sistema; si se premia el espectáculo punitivo o se toleran reenvíos como táctica, perdemos todos. La corrupción prospera cuando la justicia no sanciona; la impunidad, cuando la política opina más de la cuenta.
El estándar es sencillo: cero llamadas, cero guiños y datos trimestrales sobre velocidad procesal, calidad probatoria y recuperación de bienes. Si el Ministerio Público sostiene ese ritmo y el Ejecutivo se mantiene fuera del carril penal, la independencia dejará de ser promesa para convertirse en cultura institucional. Y la cultura, a diferencia del marketing, no se improvisa. Se cumple.
