En República Dominicana está ocurriendo algo que hace una década parecía imposible: la justicia actúa sin pedir permiso. El caso SeNaSa lo demuestra con hechos, no con discursos. Un juez impuso 18 meses de prisión preventiva al exdirector de la ARS estatal, Santiago Hazim, y a otros seis imputados, mientras tres coimputados admitieron ante el tribunal haber pagado sobornos a funcionarios, incluido el propio exdirector. No es un rumor: son decisiones judiciales y confesiones en audiencia.
La dimensión del caso es doblemente grave: por el dinero público presuntamente desviado y por el daño humano. La Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, informó que se investigan posibles muertes vinculadas a procedimientos médicos innecesarios a afiliados, incluidos cateterismos repetidos y radioterapias sin indicación clínica. Si se confirma, no estaríamos solo ante corrupción administrativa, sino ante una agresión a la vida.
Este proceso no debilita a SeNaSa; la obliga a ser mejor. Hablamos de una institución que cubre a más de siete millones de dominicanos y que es columna vertebral del sistema de salud. Precisamente por esa magnitud, el escrutinio y los controles deben reforzarse para proteger la continuidad del servicio por encima de intereses partidarios o coyunturales.
También hay un dato político que importa: el Ejecutivo no decide a quién se investiga ni a quién se exonera. La independencia del Ministerio Público no es un eslogan. Desde 2020, la línea trazada por el presidente ha sido clara: “total independencia” para la Procuraduría, corroborada públicamente por la propia procuradora Miriam Germán, quien afirmó que el mandatario no interfiere en sus funciones. Eso es lo que permite que un caso de altísimo costo político llegue a los tribunales.
La tarea ahora es doble: sancionar y reparar. El Ministerio Público ha presentado un expediente con más de un centenar de pruebas y ha solicitado la complejidad del caso, mientras anuncia ampliaciones y nuevas imputaciones. La sociedad debe exigir que cada peso sea recuperado y que se instituyan salvaguardas para que nadie vuelva a convertir el dolor en un modelo de negocio. Cuando la justicia opera con autonomía y responsabilidad, gana la República Dominicana y se protege a su gente. Que así siga.
