El expresidente francés Nicolas Sarkozy abandonó este lunes la prisión de La Santé, en París, tras haber cumplido apenas tres semanas de una condena de cinco años por financiación ilegal de campaña vinculada al régimen del fallecido líder libio Muamar Gadafi. A partir de ahora, seguirá bajo un régimen de estricta supervisión judicial y no podrá salir de Francia mientras se conoce el resultado de su apelación, previsto para 2026.
La condena y el caso libio
Sarkozy, de 70 años, fue enviado a prisión el 21 de octubre para cumplir una pena de cinco años por conspirar para financiar su campaña presidencial de 2007 con dinero procedente del régimen de Gadafi. El caso forma parte del llamado “expediente libio”, uno de los procesos judiciales más delicados de su carrera política.
El exmandatario niega haber solicitado fondos al dictador libio y sostiene que es víctima de una injusticia. Tras su liberación, afirmó que su energía está concentrada en demostrar su inocencia y que “la verdad prevalecerá”.
Por qué sale ahora
Su equipo legal solicitó de inmediato su liberación, y un tribunal de París aceptó el pedido tras considerar las condiciones de detención, el estado del proceso y el hecho de que Sarkozy seguirá sometido a fuertes restricciones. La decisión no anula la condena, pero cambia la forma en que la cumple: deja la celda y entra en un régimen de control judicial estricto mientras se espera el juicio de apelación.
Las condiciones de su libertad
El expresidente deberá permanecer en territorio francés, presentarse ante la justicia cuando se le requiera y respetar una serie de prohibiciones adicionales. No puede contactar a testigos relacionados con el expediente libio ni a empleados del Ministerio de Justicia. Cualquier violación de estas reglas podría implicar su regreso inmediato a prisión.
Su abogado Christophe Ingrain calificó la decisión como “un paso adelante” y aseguró que el equipo se concentrará ahora en preparar la apelación programada para marzo de 2026.
Tres semanas en aislamiento
Durante su estancia en La Santé, Sarkozy estuvo recluido en un ala de aislamiento por motivos de seguridad, en una celda equipada con inodoro, ducha, escritorio, una pequeña placa eléctrica, televisión de pago y un refrigerador básico. Solo se le permitía una hora diaria de ejercicio en un patio separado, sin contacto con otros reclusos.
Dos guardaespaldas ocuparon celdas cercanas como medida preventiva ante posibles amenazas. En una audiencia por videoconferencia, Sarkozy describió la experiencia como “agotadora” y “una pesadilla”, aunque reconoció el trato “humano” del personal penitenciario.
El episodio generó controversia adicional cuando el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, lo visitó en la cárcel, lo que provocó críticas y una denuncia de abogados por posible conflicto de intereses, dada la relación política entre ambos.
El primer expresidente preso desde 1945
Sarkozy es el primer expresidente francés en ser encarcelado desde Philippe Pétain, condenado por traición tras la Segunda Guerra Mundial. La imagen de un exjefe de Estado entrando a una celda de aislamiento marcó un hito en la justicia francesa y reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de las élites políticas.
Su salida temprana no cambia su situación judicial de fondo. Además de este caso, Sarkozy arrastra otros expedientes: ya fue condenado en 2023 por intentar sobornar a un magistrado para obtener información confidencial, lo que le valió meses de control mediante tobillera electrónica.
Lo que viene ahora
Con su liberación bajo supervisión, el foco se desplaza al tribunal de apelación. Si la condena es confirmada, la justicia deberá decidir en qué condiciones cumple el resto de la pena: cárcel efectiva, régimen mixto o medidas alternativas. Si es anulada, se reabrirá el debate político sobre si el proceso fue un ejemplo de rigor judicial o un exceso contra una figura política de alto perfil.
Por ahora, el mensaje que envía el caso Sarkozy es doble: la justicia francesa ha demostrado que puede llevar a prisión a un expresidente, pero también que está dispuesta a ajustar el régimen de cumplimiento de la pena mientras la última palabra no esté escrita.
