Washington/Caracas. La Casa Blanca defendió como legal el reciente ataque de fuerzas estadounidenses contra una embarcación proveniente de Venezuela, enmarcándolo en operaciones contra el narcotráfico y la piratería en el Caribe. Funcionarios estadounidenses afirmaron que la acción fue autorizada por la cadena de mando y consistente con el derecho internacional, mientras se mantiene la acumulación militar en la región y una línea de máxima presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
El episodio ocurre tras semanas de advertencias y restricciones aéreas alrededor de Venezuela, intentos fallidos de diálogo y designaciones de “organizaciones terroristas” vinculadas a cúpulas del chavismo, medidas que Caracas tacha de “ridículas” y “fabricadas”. El endurecimiento reconfigura riesgos regionales y obliga a países caribeños a reforzar protocolos de tránsito y puertos.
La escalada ya provocó reacciones en La Habana, que denunció una postura “agresiva” de Washington y alertó sobre el precedente para la seguridad regional. En paralelo, agencias estadounidenses coordinan con socios caribeños acciones de interdicción marítima, mientras monitorean impactos sobre comercio y aviación. El telón de fondo: una guerra de rutas ilícitas y un tablero geopolítico que mezcla seguridad, sanciones y energía.
Para los mercados, el riesgo no es menor: cada tensión que afecte logística o producción petrolera en el Atlántico eleva la prima de riesgo en el crudo y en los fletes, amplificando volatilidad de fin de año.
