El Senado evalúa un proyecto de ley que propone despenalizar a los consumidores de drogas, con el argumento de que el sistema debe diferenciar entre quien usa sustancias y quien las comercializa, y que el enfoque hacia el usuario debe ser principalmente sanitario, no carcelario.
La iniciativa busca que la posesión para consumo personal no sea tratada automáticamente como un delito, y que el Estado tenga herramientas claras para dirigir esos casos hacia evaluación, orientación y tratamiento cuando corresponda. El planteamiento parte de una crítica conocida: el modelo punitivo termina llenando procesos con usuarios mientras las redes de tráfico se adaptan y sobreviven.
El debate legislativo gira alrededor de tres puntos sensibles:
- Definir cantidades que permitan distinguir consumo personal de microtráfico sin abrir puertas a la impunidad.
- Evitar discrecionalidad en la aplicación, para que la norma no se convierta en un colador o en un instrumento selectivo.
- Garantizar capacidad de salud pública, porque despenalizar sin servicios de prevención y tratamiento solo cambia el problema de lugar.
En el Congreso, quienes favorecen la medida sostienen que criminalizar al consumidor no reduce el consumo y sí agrava consecuencias sociales: estigma, abandono escolar, desempleo y reincidencia. Quienes la cuestionan advierten que un cambio mal diseñado podría aumentar el consumo o complicar la lucha contra el microtráfico, especialmente si no hay criterios técnicos y controles operativos.
El proyecto seguirá en discusión en comisión antes de que el Senado decida si lo envía al pleno para debate y votación.
