La política dominicana está jugando con fuego institucional. Mientras el Tribunal Constitucional abrió la puerta a que ciudadanos puedan postularse sin tener que pasar obligatoriamente por un partido, el Congreso se mueve en dirección contraria: impulsar una reforma para eliminar, en la práctica, la figura de la candidatura independiente del sistema electoral.
El debate no es técnico. Es de poder. Porque lo que está en juego es quién controla el acceso a la boleta: si el ciudadano como sujeto político o el partido como peaje obligatorio.
¿Qué está pasando?
El Senado aprobó un proyecto que busca derogar artículos de la Ley del Régimen Electoral que permiten las candidaturas independientes. La justificación formal es “ordenar” el sistema, evitar “distorsiones” y proteger la gobernabilidad. La lectura política es más simple: blindar el sistema de partidos frente a una figura que rompe el monopolio tradicional.
Esto choca con el espíritu de la sentencia del Tribunal Constitucional que cuestionó justamente la idea de que solo se puede participar en democracia a través de estructuras partidarias.
Lo que alegan los defensores de las candidaturas independientes
Movimientos y organizaciones que han impulsado la figura sostienen que el TC no mandó a eliminar nada. Al contrario: interpretan que lo inconstitucional era el monopolio partidario sobre la postulación y que el Congreso debía regular el mecanismo, no borrarlo.
Para esos grupos, la eliminación sería un retroceso democrático: reducir opciones, proteger estructuras cerradas y mantener el mismo modelo donde la política es un club con membresía obligatoria.
El argumento del Congreso
Desde el lado congresual, la narrativa es que el legislador tiene potestad para modificar o derogar leyes y que la sentencia del TC no obliga a mantener candidaturas independientes como modelo permanente. También se plantea que las postulaciones sin partidos podrían complicar la organización electoral, la representación y la gobernabilidad.
En resumen: el Congreso intenta convertir una discusión de derechos políticos en una discusión de “funcionalidad del sistema”.
¿Qué viene ahora?
Ya hay recursos y acciones legales depositadas para frenar el proyecto y denunciar lo que sus críticos consideran un desacato o una violación del precedente constitucional. La batalla, por tanto, se traslada a dos frentes: el Congreso y el Tribunal Constitucional.
La pregunta que importa
¿La democracia dominicana es un sistema abierto donde el ciudadano puede competir sin pedir permiso, o es un sistema donde los partidos son porteros de la boleta?
Porque si el Congreso elimina la candidatura independiente, el mensaje es inequívoco: la política vuelve a ser propiedad privada de los partidos. Y cuando la política se privatiza, la ciudadanía se desconecta o explota. A veces ambas.
