El caso de las presuntas irregularidades en la red semafórica del Gran Santo Domingo acaba de entrar en una fase más comprometedora. El Ministerio Público presentó ante la jueza del juicio preliminar una serie de transcripciones de conversaciones de WhatsApp entre Hugo Beras y Jochi Gómez que, según la acusación, evidencian un control externo sobre los procesos de licitación en el Intrant.
De acuerdo con la fiscalía, los intercambios corresponden a marzo y abril de 2023, cuando el proceso de licitación todavía estaba formalmente abierto. La tesis del órgano acusador es que esos mensajes muestran que las adjudicaciones no se manejaban con autonomía institucional, sino bajo influencia directa desde fuera del organismo.
Ese detalle cambia el peso del expediente. Ya no se trata solo de una sospecha general sobre el contrato de modernización de la red semafórica. Se trata de una acusación más precisa: que el proceso pudo haber sido intervenido desde adentro y desde afuera al mismo tiempo, comprometiendo la legalidad de las decisiones administrativas.
El juicio preliminar forma parte del proceso de corrupción administrativa que enfrenta el exdirector del Intrant, Hugo Beras, junto a José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, propietario de Aurix S.A.S. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa ha sostenido desde marzo que la defensa no ha logrado desmontar las pruebas centrales de la acusación y ha pedido que el caso sea enviado a juicio de fondo.
Lo que está en juego ahora no es solo la validez de unos mensajes, sino la solidez completa del expediente. Si la fiscalía consigue demostrar que esas conversaciones prueban una injerencia real en las licitaciones, el caso dejaría de girar únicamente en torno a irregularidades técnicas y pasaría a consolidarse como un esquema de manipulación deliberada del proceso de contratación pública. Esa es una inferencia a partir de la acusación presentada por el Ministerio Público y del contenido resumido por la cobertura disponible.
La audiencia sigue bajo la observación de un país ya acostumbrado a ver cómo los grandes expedientes de corrupción se anuncian con estruendo y luego se diluyen entre aplazamientos, tecnicismos y fatiga judicial. Esta vez, la incorporación de conversaciones directas entre dos de los principales imputados vuelve el caso más concreto, más político y mucho más difícil de reducir a una simple disputa procesal.
La pregunta ya no es si el expediente tiene volumen.
La pregunta es si tendrá consecuencias.
