España decidió subir el costo político de la guerra. El Gobierno de Pedro Sánchez ordenó el cierre de su espacio aéreo a los aviones militares de Estados Unidos que participan en la operación contra Irán y, además, mantiene prohibido el uso de las bases de Rota y Morón para esa intervención. La medida no afecta vuelos comerciales, solo operaciones militares.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó que Madrid comunicó “clarísimamente” desde el inicio que no autorizaría ni el uso de las bases ni del espacio aéreo español para una guerra que el Ejecutivo considera “profundamente ilegal” y “profundamente injusta”. La posición, por tanto, no es táctica ni temporal: España está dejando claro que no quiere participar, ni directa ni indirectamente, en esa ofensiva.
La decisión aumenta la tensión con Washington. Según la información publicada, la negativa española ya había generado fricciones con Donald Trump, que ha arremetido varias veces contra el Gobierno de Sánchez y llegó a amenazar con represalias comerciales. Aun así, el Ejecutivo español se mantiene firme en su argumento central: la guerra fue iniciada de manera unilateral y viola el derecho internacional.
Desde el frente económico, el Gobierno intenta contener daños. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sostuvo que las empresas españolas siguen operando en EE. UU. en condiciones similares a las de otras firmas europeas y anunció nuevas oficinas económicas en Boston y Houston para reforzar la presencia empresarial española. Es decir: España intenta separar su choque político con Washington de su relación comercial de largo plazo.
El mensaje de fondo es potente: España no solo critica la guerra, también empieza a poner límites materiales a su ejecución. Y cuando un aliado europeo le niega a Estados Unidos cielo, bases y apoyo logístico, la discrepancia deja de ser discurso y se convierte en política real.
