Santo Domingo, RD. El presidente Luis Abinader ordenó la paralización inmediata de cualquier actividad vinculada al proyecto minero Romero, en San Juan, amparándose en la Ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos.
El mandatario explicó que la decisión responde a que, según esa normativa, cuando una población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no resulta viable continuar con el proceso.
Abinader aclaró que durante su gestión el proyecto, impulsado por la minera canadiense GoldQuest, se mantenía únicamente en fase de evaluación ambiental y que no existía autorización alguna para la explotación minera.
El proyecto Romero tiene su origen en concesiones de exploración otorgadas en 2005 y reiteradas en 2010, con estudios técnicos renovados posteriormente en 2015 y 2018. Sin embargo, nunca llegó a recibir permiso de explotación.
La decisión presidencial se produjo después de una amplia movilización en San Juan contra la minería, donde miles de personas marcharon hasta la presa de Sabaneta para expresar su rechazo al proyecto por temor a posibles impactos sobre el agua, los ríos y la producción agrícola de la zona.
Especialistas en materia ambiental han señalado que el fundamento invocado por el presidente se relaciona con la llamada “licencia social”, derivada de la consulta pública y recogida tanto en la Ley de Medio Ambiente como en la normativa de ordenamiento territorial.
En términos políticos, la medida marca un punto de inflexión: el Gobierno decidió privilegiar el rechazo ciudadano y la protección ambiental sobre la continuidad del proceso técnico de evaluación.
El proyecto prometía explotación de oro, cobre y otros minerales, pero para buena parte de San Juan el punto central no era la riqueza del subsuelo, sino el riesgo sobre la principal fuente de vida de la provincia: el agua.
Con esta decisión, Abinader cerró, al menos por ahora, el avance del proyecto Romero.
Y dejó establecido un criterio que, si se sostiene, redefine el juego:
sin aceptación social, no hay minería viable.
