Santo Domingo. Los problemas de salud mental entre las personas privadas de libertad alcanzan niveles significativamente superiores a los observados en la población general, una realidad que vuelve a poner presión sobre el sistema penitenciario dominicano y sobre la capacidad del Estado para ofrecer atención especializada dentro de las cárceles.
De acuerdo con expertos y autoridades vinculadas al área penitenciaria, la prisión multiplica el riesgo de desarrollar o agravar trastornos como ansiedad, depresión, estrés postraumático, trastornos psicóticos e incluso conductas suicidas. Algunas estimaciones sitúan ese riesgo entre cinco y diez veces por encima del registrado fuera de los centros de reclusión.
La situación no es nueva, pero comienza a recibir mayor atención institucional.
Esta semana fue puesto en marcha el Comité Dominicano de Salud Mental Penitenciaria, una iniciativa orientada a fortalecer programas de atención psicológica y psiquiátrica para internos, personal penitenciario y familiares.
El problema tiene múltiples causas.
La pérdida de libertad.
La incertidumbre judicial.
La separación familiar.
El hacinamiento.
La violencia.
El consumo previo de sustancias.
Y la ausencia de tratamiento oportuno.
Todo ello crea un entorno particularmente propicio para el deterioro emocional y psicológico.
La realidad dominicana refleja además un desafío estructural.
Ya en 2024 las autoridades identificaban cientos de internos con condiciones de salud mental que requerían atención especializada, lo que llevó a la creación de pabellones específicos dentro de algunos centros penitenciarios.
Sin embargo, el reto sigue creciendo.
Porque el problema no se limita a quienes ingresan a prisión con una condición previa.
Muchos desarrollan trastornos durante el encarcelamiento.
La cárcel castiga la libertad.
Pero también puede erosionar la estabilidad emocional.
Y cuando esa dimensión no se atiende, las consecuencias terminan proyectándose más allá de los muros penitenciarios.
La discusión tiene además una dimensión práctica que suele olvidarse.
La mayoría de los privados de libertad eventualmente regresará a la sociedad.
Si salen con problemas psicológicos más graves que los que tenían al entrar, el costo termina siendo asumido por toda la comunidad.
Por eso, la salud mental penitenciaria ya no se ve únicamente como un asunto humanitario.
También es un asunto de seguridad pública, rehabilitación y reinserción social.
La noticia deja una conclusión difícil de ignorar:
una cárcel puede privar de libertad a una persona.
Pero si destruye su salud mental en el proceso, el sistema termina produciendo un problema mayor que el que pretendía corregir.
