Santo Domingo. República Dominicana vuelve a discutir una medida que durante años ha sido considerada necesaria, pero que pocas veces ha logrado avanzar: regular la circulación de vehículos pesados en las principales autopistas y carreteras del país.
RD Vial anunció que busca construir un consenso entre autoridades, transportistas y sectores productivos para establecer nuevas reglas que permitan reducir la presencia de camiones de gran tonelaje en determinados horarios y corredores viales. La propuesta surge en medio de una creciente preocupación por los accidentes de tránsito que involucran vehículos pesados.
El debate no es nuevo.
Durante años, expertos en movilidad han advertido que una parte importante de los congestionamientos y de los accidentes más graves ocurre en corredores donde coinciden vehículos de carga con un parque vehicular cada vez más grande y una infraestructura que no siempre fue diseñada para soportar semejante presión.
Las cifras ayudan a entender la preocupación. Solo entre enero y principios de junio de este año se registraron 165 muertes vinculadas a accidentes con vehículos pesados, mientras las autoridades han realizado miles de fiscalizaciones por violaciones relacionadas con este tipo de unidades.
Sin embargo, la discusión enfrenta una dificultad evidente.
La economía dominicana depende de esos mismos camiones para mover mercancías, abastecer comercios, transportar materiales de construcción y mantener funcionando buena parte de la actividad productiva nacional.
Por eso la clave no parece estar en prohibir, sino en organizar.
La experiencia internacional demuestra que muchas ciudades y corredores logísticos han reducido accidentes mediante restricciones horarias, rutas exclusivas para carga pesada y una mejor planificación del transporte de mercancías. República Dominicana ya ha experimentado medidas similares en el pasado, aunque con resultados limitados y aplicación desigual.
Lo interesante del planteamiento actual es que reconoce una realidad política básica: ninguna regulación funcionará si se impone sin acuerdos previos con los sectores afectados.
Pero también existe otra realidad.
Cada vez que ocurre un accidente múltiple protagonizado por un vehículo pesado, el país vuelve a hacerse la misma pregunta: ¿por qué no se actuó antes?
La búsqueda de consenso es positiva. Nadie quiere paralizar la economía.
Sin embargo, el consenso no puede convertirse en una excusa para aplazar indefinidamente decisiones que afectan la seguridad vial de millones de dominicanos.
Porque las carreteras del país ya están enviando señales claras.
Y normalmente las tragedias más previsibles son las que más cuesta justificar cuando finalmente ocurren.
