Santo Domingo. El presidente Luis Abinader visitó la Contraloría General de la República para conocer la nueva estructura de su Unidad Antifraude, una dependencia fortalecida para prevenir, detectar e investigar posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
La reorganización amplía sus capacidades de análisis de información, monitoreo, gestión de riesgos, investigación administrativa, inteligencia de datos y coordinación con otras instituciones del Estado. También consolida un proceso iniciado en 2021 y formalizado posteriormente dentro de la estructura de la Contraloría. (Presidencia de la República Dominicana)
La iniciativa es importante.
Pero su éxito no dependerá del tamaño de la oficina ni de la cantidad de especialistas contratados.
Dependerá de su capacidad para actuar antes de que el fraude se convierta en expediente judicial, crisis política o dinero perdido.
Durante años, el Estado dominicano ha combatido la corrupción principalmente después de ocurrida. Se investiga cuando aparece una denuncia, cuando estalla un escándalo o cuando cambia el Gobierno. Ese modelo puede producir procesos judiciales, pero rara vez recupera por completo los recursos desviados ni repara el daño institucional.
La prevención es menos espectacular.
También es mucho más útil.
Una Unidad Antifraude efectiva debe identificar patrones anormales en contrataciones, pagos, nóminas y ejecución presupuestaria antes de que se consoliden. Debe cruzar datos, detectar riesgos, investigar alertas y remitir oportunamente los casos a las autoridades competentes.
No puede limitarse a producir informes que lleguen cuando ya todo ocurrió.
La Contraloría informó que la dependencia cuenta con investigadores, abogados, contadores y otros especialistas, y que su nueva organización busca darle mayor flexibilidad y rigor técnico. También aseguró que las investigaciones realizadas han fortalecido su credibilidad ante los tribunales. (Presidencia de la República Dominicana)
Ese avance necesita resultados medibles.
Cuántas irregularidades fueron evitadas.
Cuántos recursos fueron protegidos.
Cuántas alertas terminaron en sanciones administrativas o procesos judiciales.
Y, sobre todo, cuántas instituciones corrigieron sus controles antes de que apareciera el daño.
La lucha contra la corrupción no puede depender únicamente de la voluntad de un presidente. Necesita organismos permanentes, profesionales y capaces de investigar incluso cuando los señalados pertenezcan al mismo Gobierno.
Ahí estará la verdadera prueba.
Fortalecer una Unidad Antifraude es una buena decisión.
Convertirla en una institución que actúe sin mirar nombres, cargos ni cercanías políticas sería una transformación.
Porque combatir la corrupción después del robo es necesario.
Impedir que ocurra es gobernar mejor.
