Ciudad de México. El Gobierno de México decidió abandonar la vía exclusivamente diplomática y pasar a la ofensiva legal tras la muerte de varios ciudadanos mexicanos en operativos y centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que impulsará acciones penales y civiles en territorio estadounidense, además de acudir a organismos internacionales de derechos humanos.
La decisión fue precipitada por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano abatido por un agente del ICE durante una redada en Houston. Las autoridades estadounidenses sostienen que el agente actuó en defensa propia después de que Salgado intentara embestirlos con su vehículo. Sin embargo, familiares y testigos ofrecen una versión distinta y reclaman una investigación independiente. La ausencia de cámaras corporales ha aumentado las dudas sobre lo ocurrido.
México sostiene que el caso no es aislado.
Según la Cancillería, al menos 17 ciudadanos mexicanos han muerto bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Por ello, además de presentar denuncias penales, el Gobierno mexicano promoverá demandas civiles contra empresas privadas que administran centros de detención y solicitará la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El episodio marca un cambio de estrategia.
Durante años, México respondió a este tipo de incidentes mediante notas diplomáticas y gestiones consulares. Ahora busca que los tribunales estadounidenses determinen si existieron responsabilidades penales y violaciones de derechos humanos.
El caso también reabre un debate de fondo.
Todo Estado tiene derecho a controlar sus fronteras y hacer cumplir sus leyes migratorias. Pero ese poder no es ilimitado. Cuando una persona muere bajo custodia del Estado o durante un operativo oficial, la obligación de investigar de manera independiente deja de ser una opción política y se convierte en una exigencia del Estado de derecho.
La firmeza migratoria y el respeto a los derechos humanos no son objetivos incompatibles.
La legitimidad de una política migratoria depende precisamente de que ambas puedan coexistir.
La decisión de México eleva la tensión diplomática con Washington, pero también envía un mensaje: la protección consular ya no se limitará a la asistencia a los detenidos. Cuando existan indicios de abusos o uso desproporcionado de la fuerza, el Gobierno mexicano buscará que las responsabilidades se diriman también en los tribunales.
El desenlace de estos casos no solo afectará la relación entre ambos países.
También pondrá a prueba la capacidad de Estados Unidos para demostrar que la aplicación de su política migratoria está sometida al mismo principio que exige a cualquier democracia: nadie, ni siquiera el Estado, puede quedar por encima de la ley.
