El presidente de la Suprema defiende la independencia judicial, pero sostiene que la inamovilidad no puede convertirse en impunidad frente a conductas incompatibles con la función
Santo Domingo. Diez jueces dominicanos fueron destituidos por faltas graves durante la gestión de Luis Henry Molina al frente del Consejo del Poder Judicial.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia ofreció el dato al hacer balance de los mecanismos de control disciplinario aplicados desde su llegada al cargo en 2019.
Molina defendió que la independencia judicial no significa ausencia de consecuencias.
Los jueces dominicanos disfrutan de estabilidad precisamente para poder decidir sin presiones políticas, económicas o particulares, pero están sometidos a un régimen disciplinario cuando incumplen las obligaciones de su cargo.
Las sanciones pueden ir desde amonestaciones hasta suspensiones y, en los casos más graves, la destitución.
Molina sostuvo que durante su administración se ha intentado mantener un equilibrio entre ambas cosas: proteger al juez frente a presiones externas y actuar cuando existen faltas suficientemente graves para justificar su salida.
El Consejo del Poder Judicial es el órgano constitucional responsable de la administración y disciplina de los jueces que no pertenecen a la Suprema Corte de Justicia.
Las investigaciones suelen comenzar a partir de denuncias o actuaciones de la Inspectoría General y deben culminar mediante los procedimientos disciplinarios correspondientes.
El dato aparece precisamente cuando Molina se encuentra en la etapa final de su presidencia de la Suprema.
El magistrado decidió no buscar otro período después de encabezar el Poder Judicial durante siete años y dejará el cargo una vez concluya el actual proceso de renovación de la alta corte.
Cinco de los siete jueces de la Suprema evaluados esta semana fueron ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura y dos no continuarán, mientras permanecen abiertas seis plazas que deberán ser ocupadas por nuevos magistrados.
Molina ha colocado la independencia judicial como uno de los principales argumentos de su gestión.
Pero esta vez quiso dejar clara la otra mitad.
Un juez debe tener independencia para decidir.
No inmunidad para hacer cualquier cosa.
