SANTO DOMINGO.– Médicos, empleados y exempleados del Seguro Nacional de Salud, así como personas vinculadas al sector salud, figuran entre los 25 imputados en la nueva fase del caso Senasa 2.0, una investigación que busca determinar cómo fueron desviados más de RD$41 millones mediante miles de autorizaciones médicas presuntamente fraudulentas.
Según el Ministerio Público, la estructura utilizaba datos de afiliados para generar reclamaciones por consultas, cirugías y procedimientos que estos supuestamente nunca recibieron.
Entre los principales señalados aparece Angeury Guzmán Vásquez, hermano de Ángel Luis Guzmán Vásquez, antiguo auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa y procesado previamente dentro de la investigación.
Los fiscales sostienen que desde teléfonos vinculados a Angeury se realizaban llamadas al centro de atención de Senasa para solicitar autorizaciones utilizando información de afiliados.
También está imputada Heidy Coronado Paulino, quien trabajó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas entre 2021 y 2025.
El Ministerio Público sostiene que su posición le permitía conocer el funcionamiento interno del sistema y acceder a información utilizada posteriormente para tramitar reclamaciones.
Otro de los procesados es Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, antiguo supervisor de Servicios a Usuarios de Senasa, señalado por los fiscales tanto por su acceso a información interna como por movimientos financieros que consideran vinculados al esquema.
Entre los médicos destaca Einstein Rafael Borromé Valdez, cirujano general al que el expediente atribuye la elaboración de historiales clínicos y reclamaciones correspondientes a procedimientos que los afiliados consultados por los investigadores dijeron no haber recibido.
La acusación también incluye a Rafael Mauricio Cabral González, médico cirujano señalado por reclamaciones de consultas y procedimientos que varios pacientes afirmaron desconocer.
Laura Altagracia Santana Evangelista es presentada por los fiscales como una de las profesionales que habría utilizado su código médico para facturar servicios y canalizar expedientes dentro de la estructura.
Víctor Felipe Rodríguez García, también médico, es acusado de permitir presuntamente la utilización de su código de prestador, firma, sello y comprobantes fiscales para presentar reclamaciones correspondientes a pacientes que no había atendido.
La lista completa de imputados está integrada además por Lucreisy Polanco Núñez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
El Ministerio Público asegura que en total fueron identificadas 4,363 autorizaciones irregulares por RD$41,125,551.02.
La solicitud de medida de coerción tiene unas 525 páginas.
Los fiscales piden 18 meses de prisión preventiva para los 25 imputados y que el expediente sea declarado de tramitación compleja.
Las acusaciones deberán ahora ser examinadas por los tribunales y ninguno de los imputados ha sido declarado culpable.
Lo que comienza a mostrar el expediente, sin embargo, es la dimensión del mecanismo que investigan las autoridades: información de afiliados tomada del sistema, reclamaciones médicas creadas alrededor de esos datos y dinero público pagado por servicios que, según la acusación, nunca existieron.
