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Fuerza del Pueblo cuestiona política de “mano dura” y denuncia 1,152 muertes en intervenciones policiales

El partido opositor asegura que 236 personas han muerto durante actuaciones de la Policía en lo que va de 2026 y exige investigar el uso de la fuerza letal. Las autoridades, por su parte, reportan una reducción de la tasa de homicidios.

SANTO DOMINGO. Fuerza del Pueblo cuestionó la política de “mano dura” aplicada contra la delincuencia y denunció que 1,152 personas han muerto durante intervenciones policiales entre 2020 y octubre de 2026.

La organización afirmó que solamente durante este año se han registrado unas 236 muertes en hechos reportados como intercambios de disparos o actuaciones legales de agentes policiales.

La denuncia fue presentada por Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Fuerza del Pueblo.

Reynoso sostuvo que el incremento de las muertes durante intervenciones policiales contradice el discurso oficial de que la seguridad ciudadana ha mejorado.

“Si todo estaba mejorando, ¿por qué ahora mano dura?”, cuestionó.

Según los datos recopilados por el partido, durante 2021 se registraron 76 muertes en intervenciones policiales; en 2022 fueron 139; en 2024 aumentaron a 226; en 2025 alcanzaron 214 y en lo que va de 2026 rondan las 236.

Fuerza del Pueblo sostiene que estos números requieren investigaciones independientes para determinar en qué circunstancias ocurrieron los fallecimientos.

La organización aclaró que reconoce el derecho de los agentes policiales a defender sus vidas y las de terceros ante una amenaza real.

Sin embargo, advirtió que el uso de fuerza letal debe respetar los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso.

El partido también cuestionó la cantidad de órdenes de arresto pendientes.

Según los datos presentados por la organización, la Policía mantiene 53,877 órdenes sin ejecutar, entre ellas 17,635 relacionadas con violencia intrafamiliar, 11,587 por robos, 4,018 por agresiones sexuales y 2,681 vinculadas a homicidios.

Fuerza del Pueblo reclamó además una rendición de cuentas sobre los recursos invertidos en los diferentes planes de seguridad ciudadana anunciados durante los últimos seis años.

La organización contabiliza más de siete programas distintos, cinco directores de la Policía Nacional, dos ministros de Interior y Policía y varios asesores y comisionados internacionales durante ese período.

El Gobierno, sin embargo, presenta una lectura diferente sobre la evolución de la delincuencia.

La Fuerza de Tarea Conjunta informó el 16 de octubre que la tasa acumulada de homicidios se situaba en 7.29 por cada 100,000 habitantes al 9 de octubre.

Según las autoridades, el indicador representa una reducción interanual de 16.6 % respecto a 2025 y una caída de 44.8 % frente a los niveles registrados en 2022.

Treinta de las 35 demarcaciones del país mantienen actualmente tasas de homicidios de un solo dígito, de acuerdo con el informe oficial.

La controversia coloca dos debates distintos sobre la mesa.

Uno es si están disminuyendo los homicidios.

El otro es cómo está actuando la Policía para conseguir resultados.

Fuerza del Pueblo sostiene que una reducción estadística del crimen no elimina la obligación de investigar cada muerte provocada por agentes del Estado.

Y ahí es donde la discusión sobre seguridad deja de ser solamente cuántos delitos ocurren.

También pasa a ser cómo decide enfrentarlos el Estado.

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