Miles de estudiantes, docentes y trabajadores reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta transcurrió pacíficamente hasta que un grupo de encapuchados protagonizó disturbios frente al Congreso.
BUENOS AIRES. Una multitudinaria movilización en defensa de las universidades públicas argentinas terminó este jueves con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad frente al Congreso, dejando decenas de detenidos y varios heridos.
La Quinta Marcha Federal Universitaria reunió en Buenos Aires a estudiantes, profesores, trabajadores universitarios, rectores, sindicatos y organizaciones sociales.
También se realizaron concentraciones en otras ciudades del país.
Los organizadores estimaron que cerca de un millón de personas participaron en las distintas movilizaciones nacionales.
El principal reclamo fue el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso después de superar el veto del presidente Javier Milei.
La norma contempla mecanismos para actualizar el presupuesto de las universidades, recomponer salarios docentes y no docentes y fortalecer los programas de becas.
El Gobierno sostiene que su aplicación completa tendría un impacto fiscal incompatible con sus objetivos de equilibrio presupuestario.
La protesta en Buenos Aires transcurrió sin incidentes durante buena parte de la jornada.
La situación cambió alrededor de las cuatro de la tarde.
Un grupo de manifestantes encapuchados comenzó a romper bancos y otros elementos del mobiliario urbano y lanzó piedras y objetos contra el vallado colocado frente al Congreso.
Las fuerzas federales respondieron utilizando gases lacrimógenos y camiones hidrantes.
Las columnas universitarias principales no participaron en los actos violentos, según las coberturas realizadas desde el lugar.
Los gases alcanzaron el escenario donde se desarrollaba el acto universitario e ingresaron incluso al anexo de la Cámara de Diputados.
La diputada Cecilia Moreau tuvo que recibir asistencia médica después de verse afectada por el gas.
Los organizadores decidieron terminar anticipadamente el acto.
Las autoridades informaron de 31 detenidos, entre ellos dos menores de edad.
Ocho integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos por objetos contundentes, mientras el servicio de emergencias médicas atendió al menos a dos manifestantes.
El Ministerio de Seguridad anunció que prepara denuncias penales contra personas involucradas en los disturbios por resistencia a la autoridad y daños agravados.
La ministra Alejandra Monteoliva responsabilizó a los grupos que atacaron el vallado y aseguró que quienes cometieron delitos deberán responder ante la Justicia.
Las organizaciones universitarias, en cambio, condenaron la actuación policial y sostuvieron que la respuesta fue desproporcionada frente a una movilización que, hasta esos incidentes, había transcurrido pacíficamente.
El conflicto universitario se ha convertido en uno de los enfrentamientos políticos más persistentes del Gobierno de Milei.
Rectores y sindicatos denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios, dificultades presupuestarias y deterioro de los programas de becas y del sistema científico.
El Ejecutivo sostiene que las universidades deben adaptarse a las restricciones fiscales y reclama mayores controles sobre la utilización de los recursos públicos.
La marcha terminó antes de lo previsto.
El conflicto, claramente, no.
