La Sociedad Interamericana de Prensa reconoce condiciones positivas para el periodismo dominicano, pero advierte sobre obstáculos para acceder a información oficial, agresiones contra reporteros y disposiciones legales que podrían limitar la libertad de expresión.
La República Dominicana conserva un entorno generalmente favorable para el ejercicio del periodismo, aunque enfrenta problemas que podrían comprometer las garantías de la libertad de prensa si no reciben atención institucional.
Esa es la principal conclusión del informe presentado durante la 82.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Bogotá, Colombia, donde se examinaron las condiciones del ejercicio periodístico en el continente.
El documento, presentado por Miguel Franjul, director de Listín Diario y representante dominicano ante la comisión de libertad de prensa de la organización, reconoce la ausencia de un ambiente de censura estatal directa, pero identifica dificultades en las relaciones entre periodistas y autoridades públicas.
Uno de los señalamientos corresponde a la suspensión de La Semanal, el encuentro periódico que permitía a los medios formular preguntas directamente al presidente Luis Abinader.
La SIP considera que su eliminación redujo las oportunidades de acceso regular al mandatario, aunque recuerda que el Gobierno anunció en agosto su intención de restablecer esos encuentros.
También recoge incidentes ocurridos durante coberturas informativas. En mayo, el periodista Junior Marte fue empujado por un agente penitenciario en Santiago, mientras que en julio Gregorio del Rosario sufrió una agresión y fue despojado de su teléfono cuando documentaba acontecimientos en el Palacio de Justicia de Puerto Plata.
El informe menciona además las denuncias de periodistas retirados del Palacio Nacional durante una cobertura del Consejo Nacional de la Magistratura. La Presidencia atribuyó el incidente a una confusión y negó haber ordenado impedir el trabajo de la prensa.
En el ámbito legislativo, la organización advierte sobre posibles consecuencias restrictivas de disposiciones del Código Penal relacionadas con la expresión pública y señala que continúa pendiente la reforma de la Ley 6132.
Otro desafío proviene de las plataformas digitales, donde la proliferación de desinformación y prácticas de intimidación bajo apariencia periodística afecta la credibilidad del ecosistema informativo.
No obstante, la SIP valoró positivamente una sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó eliminar publicaciones periodísticas de interés público vinculadas a una investigación de narcotráfico.
La decisión, emitida en septiembre, fortalece la protección de los archivos informativos frente a solicitudes de eliminación sustentadas en el derecho al olvido.
El balance presenta así un panorama de libertades preservadas, acompañado de advertencias sobre el acceso a las fuentes oficiales, la seguridad de los periodistas y las garantías jurídicas necesarias para mantener un ejercicio informativo independiente.
