Santo Domingo. Apenas horas después de haber sido aprobada por el Congreso Nacional, el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 30-26, convirtiendo oficialmente en legislación el denominado plan anticrisis impulsado por el Gobierno para enfrentar los efectos de la incertidumbre económica internacional.
La rapidez de la promulgación envía una señal clara: el Poder Ejecutivo considera que la situación económica global requiere una respuesta inmediata y no está dispuesto a esperar semanas para poner en marcha las medidas aprobadas.
La nueva legislación busca fortalecer las finanzas públicas, simplificar procedimientos tributarios, estimular la inversión y dotar al Estado de mayores herramientas para enfrentar el impacto derivado de la crisis energética y geopolítica internacional.
Entre los aspectos más relevantes de la ley figuran:
- mecanismos de regularización tributaria;
- facilidades de pago para contribuyentes;
- incentivos para el cumplimiento fiscal;
- modificaciones puntuales al Impuesto Sobre la Renta;
- disposiciones relacionadas con ganancias de capital inmobiliarias y viviendas de uso habitual.
Políticamente, la promulgación marca un contraste importante con el intento de reforma fiscal de 2024.
Aquella propuesta terminó naufragando antes de llegar a puerto.
Esta, en cambio, fue aprobada y promulgada con una velocidad poco habitual, señal de que el Gobierno logró construir una mayoría política suficiente y diseñar una narrativa más enfocada en la crisis internacional que en la simple necesidad de recaudar más impuestos.
La verdadera discusión comienza ahora.
Porque una ley puede aprobarse en cuestión de días.
Pero su éxito dependerá de tres preguntas mucho más difíciles:
- cuánto recaude realmente;
- quién termine pagando el costo principal;
- y si los recursos obtenidos logran amortiguar los efectos de la crisis internacional sobre la economía dominicana.
Las leyes se aprueban en el Congreso.
Los resultados, como siempre, se aprueban o se rechazan en la vida cotidiana de la gente.
