Santo Domingo. A menos de un mes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, una comisión especial de la Cámara de Diputados comenzó a revisar los artículos que han generado mayor controversia, especialmente los relacionados con la difamación, la injuria y la libertad de expresión. El objetivo es introducir correcciones antes de que la ley empiece a aplicarse el próximo 3 de agosto.
Los legisladores estiman que las modificaciones alcanzarán apenas seis o siete artículos, concentrándose en aquellos que han provocado preocupación entre juristas, medios de comunicación, gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil. Entre los cambios figura la revisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de difamación e injuria, así como ajustes para evitar interpretaciones que puedan afectar el ejercicio de la libertad de prensa.
La decisión representa un giro importante.
Durante años, el país discutió la necesidad de aprobar un nuevo Código Penal. Ahora que finalmente existe, el debate ya no consiste en si hacía falta una reforma, sino en si algunas de sus disposiciones pueden producir efectos contrarios a los derechos que pretende proteger.
Eso no debería verse como un fracaso.
Las grandes reformas legales rara vez nacen perfectas. Lo preocupante habría sido negarse a corregir un texto aun cuando distintos sectores hubieran identificado problemas concretos.
El verdadero riesgo es otro.
Modificar el Código bajo presión y con poco tiempo puede resolver errores evidentes, pero también abrir la puerta a cambios improvisados o motivados por intereses particulares. Cada artículo debe evaluarse con criterios jurídicos y constitucionales, no con conveniencias políticas del momento.
En una democracia, la protección de la reputación es importante.
También lo es la libertad de investigar, denunciar y criticar al poder.
El equilibrio entre ambos derechos constituye uno de los pilares de cualquier Estado de derecho. Si la ley castiga excesivamente la expresión, debilita el debate público. Si deja completamente desprotegido el honor de las personas, también falla en su función.
Por eso la revisión que hoy realiza el Congreso trasciende la discusión sobre la difamación.
Es una prueba de madurez institucional.
Corregir una ley antes de que produzca conflictos judiciales masivos siempre será preferible a esperar que sean los tribunales quienes deban reparar sus defectos.
Modernizar el Código Penal era una necesidad.
Perfeccionarlo también lo es.
