Washington vuelve a mirar a América Latina como tablero propio. Y, como suele ocurrir cuando las grandes potencias recuerdan que tienen patio trasero, los gobiernos de México, Brasil y Colombia han comenzado a denunciar con más fuerza una nueva fase de presión e injerencia estadounidense.
El detonante más reciente fue el respaldo público de Donald Trump al candidato colombiano Abelardo de la Espriella, quien disputará la segunda vuelta presidencial frente a Iván Cepeda el próximo 21 de junio. Para el petrismo, el gesto fue una intervención directa de un gobierno extranjero en una campaña electoral soberana.
Pero el caso colombiano no aparece aislado.
Forma parte de una estrategia más amplia de Washington hacia la región, marcada por el apoyo abierto a candidatos de derecha, el endurecimiento de la política antidrogas, la clasificación de organizaciones criminales como grupos terroristas y una lectura cada vez más agresiva de América Latina como zona de influencia estadounidense.
En México, la tensión se ha intensificado desde que Estados Unidos clasificó a varios carteles como organizaciones terroristas, una decisión que abre la puerta política y jurídica a posibles acciones más duras contra estructuras criminales en territorio mexicano.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha respondido defendiendo el principio de soberanía nacional y reclamando una visión de “responsabilidad compartida” frente al narcotráfico, insistiendo en que el problema no puede reducirse a la producción y el tránsito de drogas, mientras se ignora la demanda estadounidense.
La situación escaló todavía más tras revelaciones sobre operaciones conjuntas de agentes estadounidenses en territorio mexicano y acusaciones judiciales contra funcionarios vinculados a Sinaloa. Morena incluso impulsó una reforma constitucional para permitir anular elecciones si se demuestra injerencia extranjera.
En Brasil, la tensión se concentra en la decisión de Estados Unidos de incluir al Primeiro Comando da Capital y al Comando Vermelho en la lista de organizaciones terroristas.
Para el Gobierno de Lula, esa clasificación unilateral no solo interfiere en el debate interno sobre seguridad pública, sino que también puede funcionar como pretexto para justificar acciones de presión externa sobre territorio brasileño.
El tema se vuelve aún más sensible porque ocurre en un año electoral y porque sectores bolsonaristas han pedido abiertamente mayor intervención de Washington contra esas organizaciones criminales.
La Casa Blanca también evalúa nuevos aranceles contra Brasil, incluyendo cuestionamientos al sistema de pagos Pix, lo que añade una dimensión económica al conflicto político.
En Colombia, Trump entró de lleno en la campaña presidencial al respaldar a De la Espriella, candidato de ultraderecha que ha construido su discurso alrededor de mano dura, rechazo a la burocracia y alineamiento fuerte con Estados Unidos.
Gustavo Petro respondió denunciando la injerencia y advirtiendo que Colombia debe decidir su futuro sin presiones externas.
El fondo del asunto es claro:
Estados Unidos está usando varias herramientas al mismo tiempo.
Diplomacia.
Justicia.
Aranceles.
Seguridad.
Guerra contra las drogas.
Apoyo político directo.
Y todo bajo una vieja lógica que parecía oxidada, pero no muerta: la idea de que América Latina sigue siendo una zona donde Washington puede ordenar, presionar y corregir.
La diferencia es que ahora los gobiernos progresistas han decidido convertir esa presión en argumento electoral.
México habla de soberanía.
Brasil denuncia intervención.
Colombia advierte sobre libertad nacional.
Y así, el viejo fantasma vuelve a caminar por la región con traje nuevo.
Ya no siempre llega con marines.
A veces llega con sanciones, fiscales, aranceles, etiquetas de terrorismo y publicaciones en Truth Social.
La intervención moderna, tan eficiente ella, descubrió que también puede hacerse con papeles, tribunales y algoritmos.
