Republicanos y demócratas se preparan para negociar el financiamiento del Gobierno después de las elecciones del 3 de noviembre. Aunque un cierre federal no se considera inminente, el resultado electoral podría complicar los acuerdos antes del vencimiento del presupuesto provisional.
Estados Unidos afrontará una nueva negociación presupuestaria apenas concluyan las elecciones legislativas de medio término, en un escenario donde los cambios en el equilibrio político del Congreso podrían dificultar la aprobación de los fondos necesarios para mantener funcionando al Gobierno federal.
El financiamiento actual está garantizado hasta el 11 de diciembre, gracias a una extensión presupuestaria aprobada en septiembre por 370 votos contra 48 en la Cámara de Representantes. La medida permitió evitar un cierre administrativo antes de las elecciones, pero dejó pendientes las decisiones sobre el gasto público del próximo año fiscal.
El Congreso debe aprobar doce leyes de asignaciones presupuestarias para financiar las distintas agencias federales. Hasta ahora, la Cámara de Representantes solamente ha aprobado tres, mientras el Senado continúa sin completar ninguna.
Los legisladores regresarán a Washington el 9 de noviembre, apenas seis días después de las elecciones, con un calendario reducido por el receso de Acción de Gracias y otros compromisos legislativos.
La principal incertidumbre es cómo reaccionará el presidente Donald Trump si su partido pierde escaños o el control de alguna de las cámaras.
La congresista demócrata Bonnie Watson Coleman expresó preocupación por la posibilidad de que los republicanos endurezcan sus exigencias presupuestarias después de los comicios, mientras el representante republicano Andrew Clyde responsabilizó a los demócratas del Senado de cualquier eventual paralización.
Sin embargo, dirigentes de ambos partidos consideran que todavía existen posibilidades de alcanzar un acuerdo.
Rosa DeLauro, principal representante demócrata en la Comisión de Asignaciones de la Cámara, aseguró que su partido está dispuesto a negociar la aprobación de las leyes presupuestarias antes de finalizar el año.
Las negociaciones incluyen partidas sensibles relacionadas con defensa, seguridad nacional, salud y programas sociales, áreas donde persisten diferencias sobre el volumen del gasto y las prioridades del Gobierno.
Si los legisladores no consiguen aprobar un presupuesto definitivo, podrían recurrir nuevamente a una extensión temporal. De lo contrario, la falta de financiamiento provocaría la suspensión de determinadas actividades federales y afectaría servicios públicos y trabajadores gubernamentales.
La discusión también tendrá consecuencias políticas. Si cambia el control del Congreso, los republicanos dispondrán de las últimas semanas de la actual legislatura para intentar avanzar sus prioridades antes de que los nuevos representantes asuman sus cargos en enero.
Por ahora, el riesgo de un cierre federal se considera limitado. Sin embargo, las elecciones del 3 de noviembre determinarán las condiciones políticas en las que se negociará el próximo presupuesto estadounidense.
