A tres días de las elecciones de medio término, las autoridades electorales refuerzan sus protocolos de seguridad ante posibles intimidaciones e interferencias federales. Una jueza ordenó al Gobierno de Donald Trump detener las amenazas de procesamiento contra los encargados de contar los votos.
Estados Unidos se prepara para las elecciones legislativas del 3 de noviembre en medio de una creciente confrontación entre la administración de Donald Trump y las autoridades responsables de organizar y certificar los resultados electorales.
La tensión alcanzó un nuevo nivel este viernes, cuando la jueza federal Trina Thompson prohibió temporalmente a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional amenazar con procesos penales a funcionarios electorales por cumplir sus responsabilidades legales.
La orden, vigente hasta el 16 de noviembre, también impide exigir que se suspenda el recuento de votos o que determinadas papeletas sean apartadas únicamente por sospechas de que pertenecen a electores no habilitados.
El conflicto se intensificó después de que el Departamento de Justicia intentara bloquear unas 20,000 papeletas en California, alegando que podrían corresponder a personas sin ciudadanía estadounidense. Un tribunal federal rechazó la solicitud y advirtió que la medida podría perjudicar a votantes legítimos y alterar el desarrollo de los comicios.
La administración Trump sostiene que sus actuaciones buscan prevenir el fraude y garantizar la integridad electoral. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles y responsables estatales consideran que las presiones federales pueden intimidar tanto a los trabajadores como a los electores.
En estados decisivos como Pensilvania y Wisconsin, los funcionarios han incorporado nuevas medidas de preparación ante posibles amenazas, interrupciones del recuento y presencia de agentes federales en los centros de votación.
La preocupación también alcanza a las comunidades inmigrantes. Organizaciones civiles advierten que la presencia de personal armado cerca de los colegios electorales podría disuadir a ciudadanos estadounidenses de origen latino de ejercer su derecho al voto.
El Departamento de Justicia aseguró que agentes del FBI y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no participarán como observadores electorales. También indicó que los funcionarios federales designados para supervisar las votaciones no portarán armas ni podrán interferir en el proceso.
La legislación estadounidense atribuye a los estados y autoridades locales la administración de las elecciones, mientras establece restricciones a la intervención de fuerzas federales en los lugares de votación.
Las tensiones tienen como antecedente las elecciones presidenciales de 2020, cuando las denuncias infundadas de fraude provocaron amenazas contra numerosos funcionarios encargados de certificar los resultados.
Esta vez, los estadounidenses renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, en una votación que determinará el equilibrio de poder durante los dos últimos años del mandato de Trump.
Más allá del resultado electoral, las autoridades deberán garantizar que los votos sean contados y certificados conforme a la ley, en un proceso que podría extender las disputas judiciales más allá de la jornada del martes.
