El expediente de la Operación Pandora revela la dimensión económica de una presunta red de corrupción que sustrajo cientos de miles de proyectiles de los depósitos policiales. Dos implicados ya recibieron condenas, mientras varios oficiales deberán enfrentar un juicio.
El Ministerio Público dominicano calcula en RD$92,191,732.92 el perjuicio económico ocasionado al Estado por la sustracción y comercialización ilegal de municiones y equipos pertenecientes a la Policía Nacional, en uno de los expedientes de corrupción más delicados relacionados con los arsenales de las instituciones de seguridad.
De acuerdo con la acusación, el entramado habría sustraído 836,970 municiones y 645 pertrechos que estaban bajo custodia de la Intendencia de Armas. Los investigadores sostienen que parte de estos materiales era desviada hacia circuitos de comercialización ilegal.
La investigación, conocida como Operación Pandora, comenzó a desarrollarse en 2024 y permitió identificar una estructura en la que presuntamente participaron oficiales y otros integrantes de la institución encargados de custodiar y controlar los inventarios.
Entre los principales acusados figura el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, antiguo responsable de la Intendencia de Armas, así como el capitán Nelson Valdez, quien dirigía el depósito donde se almacenaban municiones y equipos policiales.
El caso registró un nuevo avance judicial este 24 de octubre, cuando Miguelina Bello Segura recibió una condena de tres años de prisión tras admitir su participación y alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público. La mitad de la pena fue suspendida y deberá cumplir un año y seis meses de arresto domiciliario.
En septiembre también fue condenado Marino Antonio Rodríguez Toribio a cinco años de arresto domiciliario. La sentencia incluyó el cierre de una empresa vinculada al procesado y sanciones económicas.
Otros seis imputados, incluidos los oficiales señalados en la investigación, fueron enviados a juicio para responder por cargos que incluyen desfalco, prevaricación, asociación de malhechores e infracciones a la legislación sobre armas y lavado de activos.
La investigación tiene además una dimensión regional. Expertos de Naciones Unidas han advertido sobre posibles conexiones entre el desvío de municiones de arsenales dominicanos y el abastecimiento de redes criminales en Haití. Esa posibilidad no significa que se haya establecido judicialmente el destino de todo el material sustraído.
El proceso judicial deberá determinar las responsabilidades individuales y esclarecer cómo pudieron desaparecer cantidades tan elevadas de municiones de instalaciones sometidas a controles institucionales.
