Las magistradas califican las decisiones de arbitrarias e ilegales, exigen dejarlas sin efecto y dan tres días al Consejo del Poder Judicial para responder
Santo Domingo. Tres juezas de la Corte de Apelación de Santo Domingo abrieron un conflicto directo con el Consejo del Poder Judicial al objetar formalmente sus traslados y denunciar que las decisiones fueron adoptadas de manera arbitraria, ilegal y como represalia en su contra.
Las magistradas Natividad Ramona Santos, Wendy Altagracia Valdez y Pilar Antonia Rufino Díaz presentaron recursos ante el Consejo para exigir que sean dejadas sin efecto las disposiciones que modifican sus destinos dentro del sistema judicial.
Las juezas sostienen que los traslados fueron realizados sin su consentimiento y sin explicar adecuadamente las razones que justifican las decisiones.
El conflicto toca un punto especialmente delicado: la independencia de los jueces frente al órgano encargado de administrar el Poder Judicial.
Las magistradas entienden que trasladar a un juez sin una justificación objetiva puede utilizarse como una forma de sanción encubierta y afectar garantías esenciales para el ejercicio independiente de la función jurisdiccional.
En sus objeciones también denuncian violaciones al debido proceso administrativo y cuestionan que las decisiones hayan sido tomadas sin permitirles ejercer previamente su derecho de defensa.
Las tres solicitaron formalmente al Consejo del Poder Judicial revocar los traslados.
Y pusieron plazo.
Dieron tres días al organismo para responder a sus reclamaciones, antes de recurrir a otras vías legales disponibles para intentar revertir las decisiones.
El enfrentamiento ocurre en un momento particularmente sensible para la justicia dominicana.
El Consejo Nacional de la Magistratura se encuentra inmerso en la evaluación y renovación de jueces de la Suprema Corte de Justicia, mientras el país atraviesa una reconfiguración de varias de sus principales instituciones judiciales.
Ahora aparece un conflicto dentro del propio Poder Judicial.
Tres juezas dicen que sus traslados no fueron simples movimientos administrativos.
Dicen que fueron represalias.
Y están exigiendo que el Consejo explique por qué las movió.
