Donald Trump volvió a endurecer el tono sobre el estrecho de Ormuz y aseguró este viernes que la vía marítima “se abrirá automáticamente”, sin explicar cómo ni en qué plazo concreto se garantizará el restablecimiento pleno del tránsito. La declaración llega después de varios días de presión pública de Washington para forzar la reapertura de una ruta por la que pasa alrededor del 20 % del petróleo y del gas natural licuado transportado por mar en el mundo.
La frase no es menor. Reuters reportó este 10 de abril que Trump afirmó que Estados Unidos tendrá el estrecho “abierto bastante pronto”, aunque reconoció que no será fácil y dejó entrever que otros países podrían participar en la operación. El problema es que, a pesar del alto el fuego frágil anunciado esta semana, el tránsito marítimo sigue lejos de la normalidad y el bloqueo parcial mantiene la peor disrupción energética reciente.
Ese es el verdadero corazón de la noticia. No estamos ante una promesa técnica, sino ante una declaración de poder. Trump no está describiendo una reapertura ya garantizada. Está anunciando que Washington pretende imponerla. Y eso coloca el conflicto en un terreno más peligroso: el de una paz que no termina de ser paz y una negociación que sigue ocurriendo bajo amenaza.
La tensión viene acumulándose desde hace días. El 8 de abril, la Casa Blanca ya había dicho que la prioridad era reabrir Ormuz de inmediato y sin peajes ni restricciones, mientras evitaba precisar quién controlaba efectivamente la zona. Antes de eso, Trump había aceptado suspender por dos semanas ataques más duros contra Irán a cambio de avances en la reapertura del paso, dentro de una propuesta de paz mediada por Pakistán, Egipto y Turquía.
Pero la tregua no resolvió el punto central: quién manda realmente en Ormuz. Según Reuters, el acuerdo no ha despejado ni los términos exactos del cese al fuego ni el futuro operativo del estrecho, y esa ambigüedad explica por qué la Casa Blanca descartó incluso una alocución televisada sobre el pacto. En otras palabras, la administración quiso vender estabilidad antes de tenerla asegurada.
Desde una mirada socialdemócrata, aquí se ve con crudeza una vieja falla del orden internacional: las grandes potencias siguen tratando corredores vitales del comercio mundial como piezas de coerción, no como bienes estratégicos cuya estabilidad debería estar protegida por reglas comunes. Cuando un paso como Ormuz queda atrapado entre guerra, represalias y ultimátums, el costo no lo pagan primero los gobiernos que amenazan. Lo pagan los países importadores, los hogares que ven subir la energía y los sectores productivos que dependen de combustibles más caros.
Por eso esta declaración de Trump importa tanto. Porque no habla solo de navegación. Habla de quién pretende decidir, a punta de presión militar y diplomática, cuándo vuelve a circular la economía mundial. La reapertura de Ormuz ya no es solo una meta logística. Es una pulseada geopolítica con consecuencias inflacionarias, energéticas y sociales para medio planeta.
La pregunta ya no es si el estrecho terminará abriéndose.
La pregunta es bajo qué condiciones, bajo el control de quién y con cuánto daño acumulado antes de que eso ocurra.
