Santo Domingo, RD. La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresaron preocupación por la decisión del Gobierno de detener de manera inmediata cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, en San Juan.
Para CAMIPE, la medida genera riesgos institucionales, económicos y de confianza para la inversión, especialmente porque implica la paralización de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental previamente autorizado.
La entidad sostuvo que detener ese proceso técnico no fortalece la protección ambiental, sino que limita la posibilidad de realizar análisis rigurosos sobre viabilidad, impacto y sostenibilidad.
El gremio minero insistió en que las decisiones sobre proyectos de alto impacto deben sustentarse en criterios técnicos, evidencia científica, cumplimiento legal y debido proceso.
Además, planteó que el caso evidencia la necesidad de aprobar una nueva Ley de Minería que ofrezca mayor seguridad jurídica, transparencia y reglas claras para el sector.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargam, manifestó desacuerdo con la medida presidencial y advirtió que decisiones de este tipo generan interrogantes sobre la estabilidad de los procesos institucionales.
Dargam afirmó que República Dominicana tiene potencial para desarrollar una minería “responsable”, siempre que exista equilibrio entre desarrollo económico, protección ambiental y consenso social.
Tanto CAMIPE como CONEP coincidieron en que el debate no debería reducirse a una confrontación entre minería o medioambiente, sino orientarse hacia un modelo de explotación regulada, fiscalizada y socialmente consensuada.
La reacción empresarial llega después de que el presidente Luis Abinader ordenara frenar el proyecto Romero tras las masivas protestas realizadas en San Juan, donde miles de personas rechazaron cualquier posibilidad de explotación minera en la zona por temor al impacto sobre el agua y la producción agrícola.
El conflicto ya dejó de ser solamente ambiental.
Ahora también abrió una discusión más incómoda:
qué pesa más en República Dominicana cuando chocan inversión, técnica y presión social.
Porque una vez el Estado detiene un proyecto por rechazo popular, incluso antes de concluir la evaluación técnica, el mensaje deja de ser únicamente ecológico.
También se vuelve político, institucional y económico.
