Santo Domingo, RD. Una ley observada por el presidente Luis Abinader que buscaba autorizar pagos de deudas acumuladas del Estado con contratistas desde 1996 permanece en un vacío constitucional dentro del Congreso Nacional, pese a que ya fue sustituida por otra iniciativa similar.
El conflicto surge porque el proyecto original, aprobado por la Cámara de Diputados y posteriormente observado por el Poder Ejecutivo, todavía no ha sido archivado ni retirado formalmente.
Aunque el Congreso aprobó una nueva pieza legislativa para abordar el mismo tema con modificaciones importantes, la ley original continúa jurídicamente activa dentro del proceso legislativo.
Según el artículo 102 de la Constitución, cuando el presidente observa una ley, esta debe regresar a la cámara de origen para ser conocida nuevamente.
Pero el verdadero problema aparece con el artículo 103, que establece que si un proyecto permanece sin movimiento durante dos legislaturas ordinarias, la observación presidencial se considera aceptada y la ley queda aprobada automáticamente.
En otras palabras:
la ley que Abinader objetó todavía podría terminar entrando en vigencia por simple inercia legislativa.
La pieza original ordenaba el pago directo a 571 contratistas y suplidores del Estado por obras y servicios acumulados durante décadas.
Sin embargo, el presidente observó la ley alegando que no definía con precisión los montos exactos a desembolsar ni identificaba formalmente a todos los beneficiarios.
Tras esa objeción, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, impulsó un nuevo proyecto que modifica el mecanismo de validación.
La nueva versión crea una comisión encargada de revisar cada reclamación antes de autorizar pagos y elimina el reconocimiento automático de las acreencias.
Ese nuevo proyecto ya fue aprobado y enviado al Poder Ejecutivo.
Pero el anterior sigue vivo.
Y ahí aparece el vacío institucional:
dos iniciativas distintas sobre el mismo tema coexistiendo al mismo tiempo dentro del sistema legislativo.
El caso revela algo bastante incómodo sobre el funcionamiento institucional dominicano:
a veces las leyes no mueren.
Simplemente quedan flotando en una especie de purgatorio jurídico mientras el sistema sigue caminando como si nada.
