La Habana. El gobierno cubano calificó como un “acto despreciable e infame de provocación política” la acusación presentada por la Justicia estadounidense contra el exmandatario cubano Raúl Castro.
La reacción oficial llegó después de que fiscales federales de Estados Unidos acusaran a Castro y a otros cinco funcionarios cubanos por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, incidente en el que murieron cuatro personas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.
Washington sostiene que las aeronaves eran civiles y fueron destruidas ilegalmente en espacio aéreo internacional. Cuba mantiene exactamente la versión opuesta:
que las avionetas violaban repetidamente el espacio aéreo cubano y que el derribo fue una acción legítima de defensa soberana.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó la acusación como una “acción política, sin basamento jurídico”, asegurando que busca fabricar justificaciones para una posible agresión militar contra la isla.
El Partido Comunista de Cuba también acusó a Washington de manipular “deshonestamente” los hechos ocurridos en 1996 y recordó que Hermanos al Rescate era considerada por La Habana una organización hostil vinculada a operaciones contra el gobierno cubano desde Miami.
La acusación representa una escalada histórica en la relación bilateral:
Estados Unidos no solo sanciona funcionarios cubanos.
Ahora está imputando penalmente al hombre que dirigió el aparato militar y posteriormente gobernó Cuba durante más de una década.
El momento también es particularmente delicado.
Cuba atraviesa:
- una severa crisis energética
- apagones masivos
- escasez de combustible
- deterioro económico
- presión migratoria
- y crecientes tensiones con Washington.
Mientras tanto, sectores cercanos a Trump han endurecido el discurso sobre Cuba, comparando incluso la situación con la ofensiva previa contra Venezuela y Nicolás Maduro.
Más allá de si la acusación logra alguna consecuencia judicial real, el mensaje político es enorme:
Washington está dejando claro que ya no trata a la vieja guardia cubana como reliquia histórica.
La está tratando como objetivo político activo.
Y eso cambia completamente el tono del juego.
Porque durante décadas la relación EE. UU.-Cuba funcionó bajo una especie de ritual congelado:
sanciones, discursos, tensión administrada y memoria de Guerra Fría.
Ahora empieza a parecer otra cosa.
Más agresiva. Más personal. Y bastante menos simbólica.
