Lima. Keiko Fujimori llega otra vez a la segunda vuelta presidencial en Perú. Es la cuarta vez que lo intenta. La cuarta vez que se coloca en el centro de una elección nacional. La cuarta vez que el país vuelve a mirarla como posibilidad, amenaza, herencia y síntoma.
Keiko no es una aparición nueva en la política peruana. Es una permanencia. Una figura que ha sobrevivido derrotas, prisiones preventivas, rechazos masivos, crisis institucionales y el peso interminable de un apellido que divide al país desde hace más de tres décadas.
Esta vez compite contra el izquierdista Roberto Sánchez en una elección ajustada, marcada por inseguridad, hartazgo ciudadano y una profunda desconfianza hacia la política. Su lema resume la apuesta: “Vuelve Fujimori, vuelve el orden”.
No es una frase inocente.
Keiko intenta conectar la crisis actual de criminalidad con la memoria de los años noventa, cuando su padre, Alberto Fujimori, derrotó a Sendero Luminoso y estabilizó una economía hundida por la hiperinflación. Ese recuerdo todavía pesa en una parte importante del electorado peruano.
Pero el legado fujimorista nunca llega limpio.
Llega con orden y autoritarismo.
Con estabilidad y corrupción.
Con derrota del terrorismo y violaciones de derechos humanos.
Con memoria popular y heridas abiertas.
Ahí está el dilema central de Keiko Fujimori: su mayor activo político es también su mayor carga.
La candidata promete mano dura contra el crimen, expulsión de migrantes ilegales que cometan delitos y presencia permanente de policías y militares en zonas urbanas críticas. Su discurso responde a una preocupación real: la inseguridad se ha convertido en una de las principales angustias de los peruanos.
Pero también revive un viejo reflejo nacional: buscar orden cuando las instituciones fallan.
Y Perú lleva años viendo fallar sus instituciones con una disciplina casi artística.
Ocho presidentes en una década.
Congresos desprestigiados.
Presidentes caídos.
Partidos débiles.
Crisis permanente.
En ese vacío, Keiko aparece otra vez.
No como promesa nueva, sino como una respuesta conocida.
Para sus seguidores, representa autoridad, experiencia, estructura y capacidad de mando. Para sus detractores, encarna el retorno del autoritarismo, la impunidad y el bloqueo político que marcó parte de la vida pública peruana reciente.
Su historia personal también es inseparable del poder.
A los 19 años asumió el rol de primera dama tras la ruptura pública entre sus padres. Su madre, Susana Higuchi, denunció abusos y terminó convertida en una de las figuras trágicas del fujimorismo familiar. Keiko siempre quedó atrapada entre la hija, la heredera y la dirigente.
Con los años construyó su propio partido, Fuerza Popular, una de las organizaciones más fuertes en un país donde los partidos suelen parecer cascarones alquilados para cada elección. Desde el Congreso, el fujimorismo ha sido acusado de obstruir gobiernos, agravar la inestabilidad y manejar el poder legislativo como una fuerza de bloqueo.
Keiko también carga con sus propios procesos. Estuvo en prisión preventiva entre 2018 y 2020 por investigaciones sobre financiamiento irregular de campañas. Para sus aliados, fue persecución. Para sus críticos, una muestra de que el fujimorismo no solo heredó un apellido, sino también métodos.
La candidatura de Keiko moviliza votos.
