Santo Domingo. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que más del 90 % de la recaudación proyectada por el plan anticrisis sometido por el Gobierno provendrá del 1 % de la población con mayores ingresos del país.
Según explicó, el proyecto generaría entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones, recursos que el Gobierno considera necesarios para enfrentar el impacto económico de la crisis internacional derivada de las tensiones geopolíticas y el encarecimiento de la energía.
El funcionario sostuvo que la iniciativa fue diseñada para evitar que el peso principal recaiga sobre la clase media, las mipymes o los sectores más vulnerables. También reiteró que la propuesta no modifica el ITBIS ni contempla aumentos generalizados que afecten el consumo cotidiano.
Políticamente, esta es probablemente la defensa más importante que ha presentado el Gobierno desde que sometió el proyecto.
La principal debilidad de la reforma fiscal de 2024 fue la percepción de que el esfuerzo estaba distribuido entre demasiados sectores al mismo tiempo. Ahora la narrativa oficial intenta ser distinta: que el ajuste recaiga fundamentalmente sobre quienes tienen una mayor capacidad contributiva.
Díaz también afirmó que el proyecto busca preservar tres objetivos:
- estabilidad económica;
- equidad tributaria;
- responsabilidad fiscal.
Además, anunció que el Poder Ejecutivo incorporará mecanismos de rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda conocer cuánto se recauda, cómo se utilizan los recursos y cuál es el impacto fiscal de las medidas aprobadas.
La cifra del “90 % proveniente del 1 % más rico” es, en realidad, el corazón político del debate.
Si el Gobierno logra convencer al país de que esa afirmación es cierta, tendrá una defensa poderosa frente a las críticas.
Si no logra demostrarlo con claridad, la discusión volverá rápidamente al terreno donde naufragó la reforma de 2024.
Y en política fiscal, pocas cosas importan más que quién termina pagando la cuenta.
