Santo Domingo. A menos de 40 días para que entre en vigencia el nuevo Código Penal, previsto para el 3 de agosto de 2026, los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mantienen posiciones distintas sobre cuándo deben introducirse las modificaciones que diversos sectores ya reclaman.
La diferencia no es menor. Mientras Pacheco considera que los cambios deberían realizarse antes de que la nueva legislación entre en vigor, De los Santos entiende que primero debe aplicarse el Código y luego evaluar, sobre la base de la experiencia, cuáles artículos requieren corrección.
El debate evidencia una paradoja difícil de ignorar.
República Dominicana tardó más de dos décadas en aprobar un nuevo Código Penal. Sin embargo, antes incluso de que empiece a aplicarse, ya existe consenso en que algunos de sus artículos deberán ser revisados.
La situación refleja una práctica recurrente en la política dominicana: las grandes reformas suelen aprobarse después de largos procesos de negociación, pero sin cerrar completamente los temas que generan mayor controversia. El resultado es un ciclo permanente de reformas sobre reformas.
El Código Penal representa una de las leyes más importantes del sistema jurídico. Define delitos, establece penas y fija las reglas bajo las cuales actuarán jueces, fiscales, abogados y ciudadanos. Por eso, cualquier modificación debe responder a criterios técnicos y no únicamente a presiones políticas o coyunturales.
Quienes defienden modificar el Código antes de su entrada en vigencia argumentan que resulta más prudente corregir posibles errores antes de que produzcan consecuencias jurídicas. Quienes prefieren esperar sostienen que ninguna legislación puede evaluarse adecuadamente sin haber sido puesta en práctica.
Ambas posiciones tienen fundamentos razonables.
Lo preocupante es que el país vuelva a proyectar la imagen de una legislación que nace rodeada de incertidumbre.
Las leyes deben ofrecer estabilidad y seguridad jurídica. Cuando una norma comienza su vida útil con un debate abierto sobre su propia reforma, inevitablemente surgen dudas sobre la calidad del proceso legislativo que le dio origen.
Más allá del momento en que se realicen los cambios, el objetivo debería ser el mismo: garantizar un Código Penal moderno, coherente y capaz de responder a las necesidades actuales de la justicia dominicana.
Después de más de veinte años de discusiones, el país necesita que el debate deje de centrarse en cuándo reformar la ley y comience, finalmente, a enfocarse en aplicarla con eficacia.
