Santo Domingo. El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó los incidentes presentados por la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez y de varios de los demás acusados que buscaban declarar nulo el juicio por presunta corrupción administrativa. Con la decisión, el proceso judicial continuará entrando de lleno en el conocimiento del fondo del expediente.
Las defensas alegaban diversas irregularidades procesales que, a su juicio, hacían inviable la continuación del juicio. Sin embargo, las juezas declararon inadmisibles o rechazaron los incidentes y ordenaron seguir con las audiencias, permitiendo que el Ministerio Público presente finalmente sus pruebas contra los imputados.
La decisión no condena a nadie.
Tampoco absuelve.
Lo que hace es despejar uno de los principales obstáculos que durante meses habían retrasado el conocimiento del expediente.
Y ese detalle importa.
Uno de los mayores problemas de la justicia dominicana no ha sido únicamente la corrupción. También ha sido la extraordinaria lentitud con la que se conocen los grandes casos de alto perfil. Cada incidente, cada aplazamiento y cada recurso prolongan procesos que terminan erosionando la confianza ciudadana en los tribunales.
La justicia necesita garantías.
Pero también necesita resultados.
Un proceso que tarda demasiado corre el riesgo de convertirse en una condena anticipada para quien resulte inocente o en una forma de impunidad para quien finalmente sea declarado culpable.
El caso Medusa representa una de las acusaciones de corrupción administrativa más importantes de la historia reciente del país. El Ministerio Público sostiene que durante la gestión de Jean Alain Rodríguez operó una estructura que habría provocado un perjuicio superior a RD$6,000 millones al Estado. La defensa rechaza esas acusaciones y afirma que el expediente carece de fundamento.
Ahora corresponde la etapa más importante.
Las pruebas deberán hablar más que los discursos.
La fortaleza de un Estado de derecho no se mide por la cantidad de expedientes que presenta el Ministerio Público ni por el número de recursos que interpone la defensa.
Se mide por la capacidad de un tribunal para decidir únicamente sobre la base de las evidencias.
Después de años de investigaciones, medidas de coerción e incidentes procesales, el país empieza a acercarse a la pregunta que realmente importa.
No si el juicio debía continuar.
Sino si las pruebas alcanzan para demostrar la culpabilidad o la inocencia de los acusados.
