Santo Domingo. Cada agente policial asesinado representa una tragedia personal. Pero cuando esos casos comienzan a repetirse, dejan de ser únicamente hechos criminales para convertirse en un síntoma de un problema institucional mucho más profundo.
En los últimos años, República Dominicana ha visto crecer la preocupación por los homicidios de miembros de la Policía Nacional, muchos de ellos fuera de servicio, durante asaltos, conflictos personales o intervenciones armadas. La frecuencia de estos casos ha abierto un debate sobre las condiciones en que trabajan los agentes y los riesgos que enfrentan incluso después de terminar su jornada laboral.
La pregunta ya no es cuántos policías han sido asesinados.
La pregunta es por qué siguen siendo objetivos tan vulnerables.
Parte de la respuesta está en la realidad cotidiana de la institución. Muchos agentes deben desplazarse armados fuera de servicio, realizan labores adicionales para complementar ingresos y permanecen expuestos durante prácticamente todo el día. El uniforme puede quitarse. La condición de policía, no.
Pero reducir el problema únicamente a la inseguridad sería insuficiente.
También existe un desafío institucional. La reforma policial no puede limitarse a nuevos reglamentos, uniformes o equipos tecnológicos. Debe traducirse en mejores condiciones laborales, entrenamiento continuo, inteligencia preventiva y mecanismos eficaces para proteger a quienes tienen la responsabilidad de proteger a los demás.
Una institución cuyos miembros se sienten permanentemente vulnerables pierde capacidad para ejercer autoridad con confianza.
Y un Estado que no logra garantizar la seguridad de sus propios agentes difícilmente convencerá a la ciudadanía de que puede garantizar la seguridad del resto de la población.
Eso no significa otorgar privilegios.
Significa reconocer una realidad elemental: la seguridad pública depende, en buena medida, de la fortaleza de sus instituciones.
Cada asesinato de un policía envía un mensaje que trasciende a la víctima.
También pone a prueba la capacidad del Estado para investigar, capturar y sancionar a los responsables con rapidez. Cuando esos crímenes quedan impunes o tardan demasiado en resolverse, la señal que recibe la delincuencia es tan peligrosa como evidente.
La seguridad ciudadana no se construye únicamente protegiendo a la población.
También exige proteger a quienes todos los días salen a cumplir esa misión.
Porque cuando asesinar a un policía deja de ser una excepción y comienza a parecer parte de la rutina, el problema ya no pertenece solo a la Policía.
Pertenece a todo el Estado.
