Santo Domingo. El Senado inició el estudio de los artículos más controvertidos del nuevo Código Penal, en una carrera contrarreloj para introducir modificaciones antes de su entrada en vigencia. La comisión bicameral deberá concentrarse en los puntos que han generado mayor preocupación entre juristas, periodistas, médicos y organizaciones de la sociedad civil.
Las observaciones se centran en disposiciones sobre difamación, injuria, ultraje a la autoridad, difusión de imágenes, audios y videos sin consentimiento, certificaciones médicas falsas y otros delitos cuya redacción podría afectar derechos fundamentales o generar incertidumbre en su aplicación.
El hecho tiene un significado político importante.
Por primera vez en muchos años, el debate ya no gira alrededor de si República Dominicana necesita un nuevo Código Penal.
Ese consenso prácticamente existe.
La discusión ahora consiste en determinar si algunas de sus normas cruzan la línea entre proteger derechos y restringir libertades.
Ese cambio es saludable.
Las democracias maduras no consideran sus leyes textos sagrados. Las revisan cuando aparecen errores, escuchan las críticas y corrigen aquello que pueda generar conflictos constitucionales o afectar derechos ciudadanos.
Pero también existe un riesgo.
Corregir bajo presión nunca es sencillo. El Congreso deberá evitar que la urgencia produzca una ley peor que la que intenta mejorar. Modificar un artículo para resolver un problema no puede crear otro distinto.
La experiencia demuestra que los códigos penales más sólidos no son necesariamente los más severos.
Son los más claros.
Cuando una norma admite interpretaciones contradictorias, la incertidumbre termina trasladándose a fiscales, jueces, periodistas, médicos, ciudadanos y empresas.
Por eso el verdadero objetivo no debería ser endurecer ni suavizar el Código.
Debería ser hacerlo más preciso.
El país necesita una legislación capaz de perseguir eficazmente el crimen, proteger el honor, garantizar la intimidad y, al mismo tiempo, preservar la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a fiscalizar a quienes ejercen el poder.
Ese equilibrio no siempre es fácil.
Pero es precisamente lo que distingue a un Estado de derecho.
El nuevo Código Penal ya fue aprobado.
Ahora le corresponde demostrar que también puede perfeccionarse.
Porque una buena ley no es la que nunca cambia.
Es la que sabe corregirse antes de que sus errores terminen siendo corregidos por los tribunales.
