Las defensas alegaban que habían transcurrido los cuatro años máximos permitidos por la ley; el tribunal concluyó que el expediente avanzó de manera constante y que no existieron retrasos indebidos atribuibles a las autoridades
Santo Domingo. El caso Calamar seguirá vivo.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó este lunes la solicitud de extinción de la acción penal presentada por siete imputados, quienes argumentaban que el proceso había superado el límite máximo de cuatro años establecido por la normativa procesal.
Las juezas entendieron que ese plazo no se agotó en las condiciones planteadas por las defensas.
El tribunal sostuvo que, debido a la complejidad del expediente, el proceso ha mantenido actividad constante durante sus distintas etapas, desde la investigación y audiencia preliminar hasta el actual juicio de fondo.
También descartó que existieran dilaciones indebidas atribuibles al Ministerio Público o al sistema judicial que justificaran poner fin al proceso.
La petición había sido presentada por las defensas de Claudio Silver Peña Peña, Ángel Lockward, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Agustín Mejía Ávila y Juan Tomás Polanco Céspedes.
Los abogados argumentaban que el cómputo debía comenzar desde determinadas actuaciones realizadas entre 2021 y 2022, entre ellas objeciones a pagos y medidas relacionadas con fondos durante la investigación.
El tribunal rechazó ese razonamiento.
Consideró que una objeción preventiva sobre pagos estatales dentro de una investigación no equivale automáticamente a una inmovilización directa de cuentas privadas capaz de marcar el inicio del plazo máximo del proceso penal.
La decisión no fue unánime en todos sus fundamentos.
La magistrada Leticia Martínez emitió un voto salvado al expresar diferencias sobre aspectos esenciales de la resolución adoptada por la mayoría.
El caso Calamar investiga un supuesto entramado de corrupción mediante el cual el Ministerio Público sostiene que fueron distraídos del Estado más de RD$19,000 millones, principalmente mediante operaciones relacionadas con expropiaciones y pagos de terrenos.
Entre los acusados figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero, junto a antiguos funcionarios, empresarios y particulares.
Las defensas intentaron terminar el caso por el reloj.
El tribunal acaba de decidir que el reloj todavía no se acabó.
