MADRID. La crisis de vivienda ha provocado una nueva movilización masiva en España. Miles de personas salieron a las calles de Madrid y cientos permanecen acampadas en la Puerta del Sol, exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez medidas urgentes contra los desahucios y los elevados precios de los alquileres.
La protesta, que recuerda al movimiento de los indignados del 15-M de 2011, tiene esta vez un objetivo inmediato: conseguir que el Ejecutivo apruebe este martes 29 de septiembre un nuevo decreto de vivienda.
El detonante fue el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años y en silla de ruedas que fue expulsada de la vivienda en la que había residido durante más de siete décadas.
Su caso desató una ola de indignación y se convirtió en símbolo de las dificultades que enfrentan los españoles para acceder a una vivienda o conservarla.
La movilización comenzó el sábado con una multitudinaria manifestación que terminó transformándose en una acampada permanente en el corazón de Madrid.
Los manifestantes han instalado cientos de tiendas de campaña, organizado asambleas y establecido mecanismos de coordinación para mantener la presión sobre las autoridades.
El Sindicato de Inquilinas, principal impulsor de la protesta, exige contratos de alquiler indefinidos, medidas para contener los precios, regulación de los arrendamientos temporales y garantías que impidan los desahucios de personas vulnerables sin alternativas habitacionales.
Pedro Sánchez confirmó que su Gobierno trabaja contra reloj para presentar un real decreto ley ante el Consejo de Ministros.
Sin embargo, las diferencias políticas amenazan con dificultar su aprobación.
Sumar y otras formaciones de izquierda reclaman medidas más estrictas contra las prácticas especulativas y una mayor protección para los inquilinos.
Por su parte, Junts y el Partido Nacionalista Vasco defienden iniciativas destinadas a incrementar la oferta inmobiliaria y establecer incentivos fiscales para los propietarios.
La oposición también cuestiona la gestión de las protestas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han criticado que la Delegación del Gobierno permita mantener la acampada.
Mientras tanto, las movilizaciones comienzan a extenderse a otras ciudades españolas, entre ellas Barcelona.
La crisis refleja una preocupación particularmente intensa entre los jóvenes, muchos de los cuales aseguran que sus ingresos no les permiten independizarse, comprar una vivienda o afrontar los alquileres de las grandes ciudades.
El decreto que los manifestantes han bautizado como «decreto Maricarmen» se ha convertido en el centro de una disputa política que trasciende el caso de la mujer desahuciada.
El Gobierno deberá decidir este martes qué medidas incorpora finalmente a la propuesta y posteriormente conseguir su convalidación parlamentaria.
Mientras tanto, los acampados advierten que podrían prolongar las movilizaciones si las medidas no responden a sus exigencias.
Quince años después del 15-M, la Puerta del Sol vuelve a convertirse en escenario de una protesta que coloca el acceso a la vivienda en el centro de la política española.
