SANTO DOMINGO. Los abogados de las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set aseguraron que el proceso judicial contra Antonio y Maribel Espaillat avanza hacia una condena, tras las declaraciones ofrecidas por el exempleado Gregory Adames durante la quinta jornada del juicio de fondo.
Jean Carlos Martínez Segura, representante de una de las víctimas querellantes, sostuvo que el testimonio de Adames, respaldado según su interpretación por conversaciones de WhatsApp y otras pruebas, refuerza la acusación de que los propietarios conocían las condiciones de deterioro del establecimiento antes de la tragedia.
El abogado cuestionó la estrategia de la defensa, que durante la audiencia intentó contrastar las declaraciones del testigo con sus versiones anteriores.
Martínez Segura manifestó su confianza en que las pruebas presentadas permitan establecer la responsabilidad penal de los imputados y conduzcan a una condena ejemplar.
Por su parte, el abogado Luis Custodio criticó el contrainterrogatorio realizado por los representantes legales de los hermanos Espaillat, a quienes acusó de formular preguntas repetitivas con la intención de desacreditar al testigo.
Durante su comparecencia, Adames reiteró que había advertido en numerosas ocasiones sobre las filtraciones de agua y los problemas que presentaba el techo de la discoteca.
Según su testimonio, las dificultades comenzaron años antes del desplome y fueron comunicadas a los propietarios.
La defensa, encabezada durante el interrogatorio por Jorge Luis Polanco y Miguel Valerio, cuestionó distintos aspectos de sus declaraciones. Los abogados buscaron precisar cuáles daños había observado personalmente, cómo comunicaba las advertencias y qué conocimiento tenía sobre las intervenciones realizadas en la estructura.
En la misma jornada también declaró el exempleado Guillermo Castillo, quien respondió preguntas sobre las condiciones del establecimiento y las comunicaciones intercambiadas la noche de la tragedia.
El proceso judicial investiga las responsabilidades penales derivadas del desplome ocurrido el 8 de abril de 2025, que provocó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridos.
Durante las audiencias anteriores, peritos presentados por el Ministerio Público atribuyeron el colapso a una sobrecarga progresiva de la estructura, relacionada con la incorporación de materiales y equipos sobre el techo.
La acusación sostiene que existían señales de deterioro que debieron ser atendidas oportunamente. Corresponderá al tribunal determinar la responsabilidad penal de los hermanos Espaillat, quienes todavía no han sido declarados culpables.
El juez Franny González Castillo dispuso un receso y fijó la continuación del juicio para el próximo viernes 2 de octubre, a las 9:00 de la mañana.
En esa audiencia continuarán las intervenciones relacionadas con el testimonio de Adames, considerado una pieza importante dentro de la acusación.
