Entre los principales beneficiarios figuran Conatra y Fenatrado, organizaciones presididas por los senadores Antonio Marte y Ricardo de los Santos. Una auditoría detectó decenas de irregularidades pendientes de corregir.
SANTO DOMINGO. El Gobierno dominicano entregó más de RD$9,000 millones en combustibles subsidiados a federaciones de transportistas mediante un programa desarrollado entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
El mecanismo comenzó en 2021, cuando el aumento internacional de los combustibles amenazaba con provocar incrementos en las tarifas del transporte público.
La intención declarada era reducir los costos operativos de los transportistas y evitar que las alzas fueran trasladadas directamente a los pasajeros.
Entre las organizaciones que recibieron mayores asignaciones aparecen la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, Conatra, presidida por el senador Antonio Marte, y la Federación Nacional de Transporte Dominicano, Fenatrado, encabezada por el también senador Ricardo de los Santos.
Las asignaciones corresponden a las federaciones y no constituyen pagos personales a los legisladores.
Conatra llegó a recibir hasta 1,744,500 galones mensuales de gasoil subsidiado, equivalentes a un beneficio de aproximadamente RD$84.4 millones al mes.
Fenatrado recibió hasta 1,350,000 galones, equivalentes a unos RD$65.3 millones mensuales.
La Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción, Fenatrano, dirigida por Juan Hubieres, recibió 686,700 galones mensuales, valorados en aproximadamente RD$33.2 millones.
En total, más de veinte federaciones han participado en el programa.
Pero la magnitud de los recursos contrasta con las debilidades encontradas posteriormente en su fiscalización.
Documentos obtenidos por Listín Diario indican que el programa funcionó durante más de tres años sin una auditoría integral.
La primera revisión fue ordenada en 2024 y ejecutada durante 2025.
Los auditores examinaron una muestra superior a 1.5 millones de galones y encontraron deficiencias en los controles y documentación utilizada para justificar parte de las asignaciones.
El informe final contabilizó 189 hallazgos que requerían seguimiento.
De ellos, 51 habían sido corregidos completamente, 74 de manera parcial y 64 continuaban sin solución al momento del cierre de la auditoría.
Tres federaciones y dos distribuidoras tampoco habían respondido a las observaciones realizadas.
Entre ellas aparecía Conatra, la organización con la mayor asignación mensual dentro del programa.
Pese a esos hallazgos, el 7 de mayo de 2025 el MICM y el Intrant firmaron una nueva adenda que agregó más de RD$1,500 millones para prolongar el subsidio durante otros seis meses.
Posteriormente, el Ministerio de Industria y Comercio comunicó su intención de terminar el acuerdo.
Pero una última adenda firmada en diciembre reconoció que se habían autorizado despachos superiores a los montos previamente pactados.
El Estado tuvo que incorporar algo más de RD$171 millones adicionales para pagar facturas pendientes generadas por esos excesos.
Los documentos no establecen claramente quién autorizó esos despachos adicionales.
El programa ha sido defendido por dirigentes transportistas y por el Gobierno como una herramienta para mantener estables los precios del pasaje.
Las autoridades han sostenido que retirar abruptamente el subsidio podría trasladar el aumento del combustible directamente a millones de usuarios.
Pero las cifras colocan ahora otra discusión sobre la mesa.
Durante años, miles de millones de pesos fueron canalizados hacia federaciones privadas para subsidiar combustible.
La pregunta ya no es solamente si el programa ayudó a mantener los pasajes.
También es cuánto control tuvo el Estado sobre cada galón que pagó.
