SANTO DOMINGO. El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, advirtió que los médicos que faciliten sus códigos profesionales a terceros podrían enfrentar procesos penales, tras conocerse las medidas de coerción contra los implicados en el caso Senasa 2.0.
Camacho sostuvo que el expediente debe servir de advertencia para los profesionales de la salud y exhortó a impulsar una campaña nacional que explique las consecuencias legales de permitir que otras personas utilicen sus credenciales para solicitar autorizaciones y facturar servicios médicos.
Según el funcionario, 22 médicos procesados en esta fase de la investigación habrían facilitado sus códigos, una práctica que considera fundamental para el funcionamiento del presunto esquema fraudulento.
Las declaraciones se produjeron después de que el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictara medidas de coerción contra los imputados en el expediente.
El tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho implicados y declaró complejo el proceso. Otros procesados recibieron medidas que incluyen arresto domiciliario, garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Camacho calificó de razonable la decisión judicial y destacó que las investigaciones sobre las irregularidades detectadas en el Seguro Nacional de Salud continuarán.
El Ministerio Público sostiene que una estructura integrada por médicos, empleados y exempleados de Senasa habría utilizado información de afiliados para gestionar autorizaciones y cobrar procedimientos médicos que nunca fueron realizados.
La investigación incluye presuntas suplantaciones de identidad, diagnósticos ficticios, utilización irregular de códigos profesionales y facturación de servicios inexistentes.
El supuesto entramado habría ocasionado pérdidas superiores a RD$40 millones a la aseguradora estatal.
La operación incluyó 37 allanamientos ejecutados el pasado 18 de septiembre en el Distrito Nacional y varias provincias, como parte de una nueva fase de las investigaciones sobre Senasa.
El titular de Persecución dejó claro que las medidas de coerción no representan el cierre del expediente y advirtió que el Ministerio Público continuará investigando para identificar a otros posibles responsables.
La advertencia también está dirigida al sector médico: facilitar credenciales profesionales puede tener consecuencias judiciales cuando estas sean utilizadas para cometer irregularidades.
Los imputados conservan su presunción de inocencia mientras continúa el proceso penal.
El Ministerio Público mantiene abiertas nuevas líneas de investigación para determinar el alcance del presunto fraude y establecer las responsabilidades correspondientes.
